La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) concidera fundamental la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura de la Nación que dispuso la destitución del juez federal de Mar del Plata Alfredo López por la causal de mal desempeño en sus funciones.
La decisión constituye un hecho de enorme relevancia institucional. No se destituye a un juez por expresar una opinión. Se lo remueve cuando su conducta pública resulta incompatible con la imparcialidad, el decoro y la confianza que exige la investidura judicial.
El Jury concluyó que las expresiones difundidas por López a través de la red social X no fueron exabruptos aislados, sino parte de un conjunto reiterado de expresiones agraviantes y hostiles hacia la comunidad judía, que llegaron a incitar a la violencia simbólica y promover situaciones de sometimiento y discriminación.
Entre los mensajes por los que fue acusado se incluyeron expresiones de profundo contenido antisemita, referencias deshumanizantes hacia los judíos, utilización de terminología vinculada al nazismo, teorías conspirativas y cuestionamientos a la lealtad de los ciudadanos judíos argentinos. Se trató, en definitiva, de una conducta pública que excedió ampliamente los límites de una crítica política o de una opinión sobre asuntos de interés público.
El propio López sostuvo durante el proceso que se trataba de una persecución ideológica y que sus expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión. Sin embargo, el orden democrático protege la libertad de expresión precisamente porque reconoce la dignidad y los derechos de todas las personas. La libertad no puede convertirse en una herramienta para legitimar la discriminación, el odio o la deshumanización.
La remoción tampoco constituye un ataque contra la Justicia. Por el contrario: cuando un magistrado deshonra su investidura, la decisión de apartarlo protege y fortalece a la institución que representa. La Justicia necesita independencia, pero también imparcialidad, decoro y confianza pública.
La denuncia que dio origen a este proceso fue impulsada por la DAIA junto con organizaciones de la sociedad civil. En más de cien años de historia, es la primera vez que la institución impulsa un procedimiento de esta naturaleza contra un magistrado. La dimensión inédita del hecho da cuenta de la gravedad de lo ocurrido y, al mismo tiempo, del compromiso permanente de la DAIA con la defensa de la dignidad humana, la convivencia democrática y la lucha contra el antisemitismo.
La DAIA reconoce especialmente la labor de los consejeros Alberto Maques, quien se desempeñó como presidente de la Comisión de Acusación y fiscal de acusación, y Luis Juez, también integrante de la acusación, quienes sostuvieron el caso con firmeza y responsabilidad hasta su resolución.
La decisión contó con el respaldo transversal de los distintos sectores representados en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento, encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Frente al odio y la discriminación, la respuesta institucional no tuvo banderas partidarias: tuvo el compromiso de hacer cumplir las reglas de la democracia. Este hecho marca un precedente.
La democracia no se defiende solamente con declaraciones. Se defiende cuando las instituciones tienen la fortaleza necesaria para establecer límites frente al odio, incluso cuando quien lo expresa ocupa una posición de poder.
La DAIA reafirma su compromiso con la memoria, la no repetición, la convivencia democrática y la defensa de una sociedad plural, en la que ninguna persona sea discriminada por su origen, religión o identidad.
Ninguna investidura puede amparar el odio. Ningún cargo está por encima de la democracia. Y frente al antisemitismo, la respuesta institucional debe ser siempre firme, democrática y contundente.