Este martes a las 11.30 de la mañana, agrupaciones de personas con discapacidad y entidades defensoras de sus derechos se movilizarán hacia el Congreso de la Nación en un nuevo grito colectivo contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en el sector. La concentración principal será en la Plaza de los Dos Congresos, aunque se replicará en plazas centrales de todo el país. A modo de protesta, además, se suspenderán las actividades relacionadas al área de Discapacidad "por la gravedad de la crisis" que atraviesan. El reclamo llega apenas horas después de que el presidente Javier Milei oficializara, a través del decreto 534/2025, el veto total a tres proyectos de fuerte impacto social que habían sido sancionados por el Congreso: el de aumento a las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran "fiscalmente irresponsables", con un "costo exorbitante" estimado en más de 7 billones de pesos para 2025, y cuestionó su aprobación legislativa por supuestas "nulidades" procedimentales. Pero para las organizaciones que saldrán a la calle, el mensaje es otro. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las entidades convocantes, rechazó de forma categórica el veto presidencial y advirtió que el mismo representa una política de exclusión: "Presidente Milei, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos? "
A través de un comunicado se preguntaron "¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios? ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir?" y añadieron: "Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir". Las palabras resuenan con fuerza en un contexto de creciente precarización para el colectivo. Según el Foro, la emergencia en discapacidad abarca "múltiples realidades invisibilizadas" que van desde personas que trabajan en talleres protegidos cobrando apenas $28.000 mensuales, hasta quienes esperan acceder a una pensión que les permita subsistir.
"Hoy esas personas están en riesgo porque los aranceles no cubren los costos básicos de funcionamiento y muchos prestadores están al borde del cierre", señalaron.
Más allá de los números y tecnicismos, el reclamo apunta al centro mismo de la política pública: ¿puede un país hablar de justicia o de equidad si desatiende a quienes más necesitan del Estado? Desde el Foro, lo plantean sin rodeos: "El verdadero desafío es construir una sociedad más justa, donde nadie quede excluido ni solo frente a las dificultades que se presentan en la Argentina de hoy". El veto a la ley de emergencia en discapacidad no solo dejó sin efecto medidas esenciales como la creación de una nueva Pensión No Contributiva o una compensación económica de emergencia para los prestadores del sistema.
También encendió una alarma en los hogares donde la discapacidad convive con la pobreza estructural, la desatención médica y la falta de accesibilidad. Mientras el Gobierno insiste en defender el equilibrio fiscal como un valor "innegociable", miles de familias ven con angustia cómo ese equilibrio se construye sobre sus necesidades más elementales. La discusión volverá ahora al Congreso, donde la oposición deberá reunir una mayoría especial de dos tercios para insistir con la aprobación de los proyectos vetados.