En Argentina, las emergencias obstétricas siguen siendo criminalizadas bajo prejuicios morales, estigmas de clase y estereotipos de género que aún atraviesan al sistema judicial. Los nombres cambian —Belén en Tucumán y tantas otras en distintas provincias— pero el patrón se repite: mujeres pobres, violentadas, sin acceso a derechos básicos y muchas veces "obligadas" a maternar aunque en contextos de extrema vulnerabilidad, puede poner vidas en riesgo. En ese marco, el caso de Paola Verónica Ortíz se volvió un emblema doloroso de cómo la Justicia puede fallar, perseguir y castigar a quien más necesita protección.
Una tarde de 2012, Paola empezó a tener molestias muy fuertes en la panza. Sabía que estaba gestando, pero nunca había sentido algo así en sus embarazos anteriores; se encontraba sola y asustada en una precaria habitación que su ex suegro le prestaba a cambio de supuestos "favores sexuales" cuando el malestar, que no cesaba, derivó en contracciones cada vez más rápidas e intensas. Este episodio terminó con un parto en avalancha. Cuando pudo tocar a su bebé se dio cuenta que estaba frío y que había salido en el mismo movimiento junto a la placenta. Nunca lo escuchó llorar. Había muerto.
Un par de días después la mujer fue a la policía; el padre de sus tres hijos le había quitado al más chiquito, de 5 años, el único que vivía con ella después de que ese hombre se hubiera llevado antes a los dos mayores. Pero el oficial que la recibió comenzó a interrogarla, y la ahora detenida se quebró y contó que había parido en su casa de manera repentina. Paola vivía en Villa Nueva, un pueblo cercano a Villa María en Córdoba. Tenía 29 años, hacía changas en casas particulares, pero no tenía un sustento económico fijo. Había hecho hasta tercer grado y vivía entre la terminal, la calle y una habitación prestada.
A trece años de aquel parto en avalancha que atravesó completamente sola, sin asistencia médica y bajo un entramado de violencias físicas, económicas y sexuales, su nombre vuelve a ocupar un lugar urgente en la agenda pública. Condenada a perpetua sin pruebas, juzgada sin perspectiva de género y castigada por un sistema que históricamente persigue a las mujeres pobres, Paola sigue presa mientras su caso espera una resolución clave del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
BigBang habló con Rocío García Garro, coordinadora de la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir y actual abogada de Paola, quien explicó en qué punto se encuentra el expediente: "Actualmente estamos a la espera de la resolución del recurso de revisión que presentamos desde Católicas por el Derecho a Decidir en abril de 2024. Esta resolución, que debe ser dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, es el único recurso posible frente a una sentencia que ya se encuentra firme, como es el caso de Paola, condenada en 2015".
El camino para llegar a esta revisión excepcional se sostiene en una verdad que el expediente nunca probó: que Paola cometió un homicidio. La abogada es clara al respecto: "Es fundamental aclarar que no surge del expediente prueba alguna que permita sostener la hipótesis de un homicidio. El recurso de revisión incorpora nuevos elementos periciales que analizan con mayor profundidad cómo se produjo el parto y la situación de emergencia obstétrica que atravesó Paola, así como la imposibilidad real de acceder a asistencia médica oportuna".
La sentencia que la condenó está llena de omisiones, prejuicios y fallas estructurales: "Entre las irregularidades más significativas podría señalar la ausencia de perspectiva de género y de análisis del contexto de violencias múltiples, valoraciones periciales incorrectas, omisiones probatorias relevantes que no fueron debidamente investigadas y la afectación del derecho de defensa debido a que la defensa pública, entre otras cosas, no agotó las vías de impugnación disponibles", afirmó García Garro.
La propia defensa oficial —que debía protegerla— terminó desoyendo su relato, omitiendo recursos y dejando baches graves. "Todas las personas tienen derecho a una defensa técnica eficaz. Cuando esa defensa está a cargo del Estado, la responsabilidad institucional es aún mayor", enfatizó y agregó: "La responsabilidad es compartida: ninguna de estas instancias actuó con el estándar que el caso requería".
Como en tantos otros casos de criminalización de emergencias obstétricas, los estereotipos de género y de clase fueron determinantes: "Tuvieron un papel central. El expediente y la sentencia reproducen presuposiciones sobre lo que 'debería' hacer o sentir una mujer, especialmente una mujer pobre, en lugar de analizar los hechos desde la evidencia disponible", dijo la abogada.
Paola llegó a la Justicia desde un contexto extremo de violencia física, sexual y económica, pero esa información —clave para cualquier análisis serio— fue prácticamente descartada: "El contexto de violencia y privación no fue debidamente incorporado al análisis probatorio", explicó la letrada. A esto se suma la violencia institucional que atravesó desde el primer minuto: "La violencia institucional profundiza la vulnerabilidad de las mujeres y reproduce un circuito de revictimización. También impacta en el modo en que sus casos son investigados y juzgados".
No es casual que emergencias obstétricas como la de Paola sean traducidas por la Justicia bajo lógicas morales y no científicas: "Cuando los prejuicios reemplazan a la evidencia científica, los hechos se distorsionan. Se criminalizan conductas involuntarias propias de una emergencia y se vulneran derechos fundamentales", determinó Rocío García Garro.
El caso de Paola no es una excepción sino parte de una matriz histórica: "Existe una continuidad clara. Las mujeres pobres han sido históricamente objeto de sospecha, control y castigo", señaló la entrevistada. Cambiar esto requeriría transformaciones profundas en el sistema penal: "Formación obligatoria con perspectiva de género en todos los operadores judiciales, protocolos claros para el abordaje de emergencias obstétricas y políticas públicas que garanticen salud, acompañamiento y protección social a personas gestantes".
A pesar de la gravedad del caso, la historia de Paola estuvo más de una década invisibilizada. Su abogada explicó el porqué de esta situación: "Las mujeres en el sistema penal suelen ser el último eslabón. Sus historias quedan invisibilizadas. En general que un caso de estas características tenga notoriedad obedece a cuestiones fortuitas". Y los medios, en su momento, no ayudaron: "Algunos medios reprodujeron estereotipos que deshumanizaron a Paola y reforzaron miradas punitivas".
Hoy, su historia vuelve a conocerse gracias a la intervención de organizaciones feministas: "Hoy podemos conocer de este caso por la intervención de Católicas por el Derecho a Decidir. Es nuevamente el movimiento feminista quien pone sobre la mesa las deudas pendientes con las mujeres". El hermetismo institucional, el estigma hacia la maternidad y la pobreza y la indiferencia hacia las mujeres privadas de su libertad hicieron el resto: "Las mujeres criminalizadas llegan a la justicia ya prácticamente condenadas antes del juicio. Una vez que se produce la condena, van a la cárcel y son olvidadas hasta que cumplan la condena".
Frente a este cuadro devastador, García Garro dejó una reflexión que interpela: "No podemos naturalizar la criminalización de mujeres en situación de pobreza. Casos como el de Paola exigen empatía, rigor técnico y un Estado presente que garantice derechos, acceso a la salud y justicia". Mientras el Tribunal Superior de Justicia analiza el recurso que podría cambiarlo todo, Paola sigue privada de libertad desde hace trece años por un hecho que no fue investigado con perspectiva de género ni con criterios médicos. Según sus abogadas, la urgencia es evidente: su libertad ya no puede esperar.