11 Mayo de 2017 13:57
La regulación de los alquileres, sus precios y sus aumentos, son una deuda pendiente para los siete millones de inquilinos que existen en la Argentina. Hoy en Diputados se debaten las modificaciones al proyecto de ley que el Senado aprobó en noviembre pasado. Uno de los puntos más importantes es que el precio de locación sólo podrá ser reajustado anualmente.
En la Argentina cerca de siete millones de personas son inquilinos.
Sucede que en materia de alquileres, el abuso por parte de dueños e inmobiliarias es moneda corriente. Tal es así que, muchos propietarios aumentan los valores cada seis meses o un año. Es por ello, que limitar el precio resulta urgente para todos aquellos que no cuentan con una vivienda. Según el proyecto primigenio, el precio de locación “sólo podrá ser reajustado anualmente y el valor se determinará en base a un promedio entre la inflación del INDEC y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
El diputado de Cambiemos Daniel Lipovetski presentó un nuevo proyecto que modifica el sancionado por la Cámara Alta, y que contaba con la aprobación de las asociaciones de inquilinos.
Esto fue visto como un entorpecimiento, por parte de las asociaciones de inquilinos dado que las modificaciones echarían por tierra el documento inicial.
Las inmobiliarias también deberán someterse a las restricciones que imponga la ley.
Además establece algunas cuestiones que no fueron consesuadas con quienes representan a los inquilinos. Una de ellas es que desde Cambiemos proponen que los alquileres se renueven cada dos años, y no cada tres como establecía el paper aprobado por el Senado.
En lo que refiere a los aumentos, el oficialismo plantea que los aumentos sean anuales y toma como referencia el CVS para los alquileres que llegan hasta los $15.657. Esto es criticado por los inquilinos, dado que sólo abarca una parte de ese sector.
Para las obligaciones de las inmobiliarias se establece que las comisiones que cobran no superen un mes de alquiler y que el depósito que se entrega al inicio del contrato, se devuelva al inquilino cuando se entregue la llave al finalizar los dos años.
Por su parte el oficialismo incorporó la obligación del Estado nacional de subsidiar el monto total o parcial de la garantía y los gastos de ingreso si se tratara de un alquiler social.
Todas estas cuestiones y su debate pude tomar más de un año, ya que de modificarse, deberá volver al Senado para que se evalúen dichos cambios.
