La política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei sigue dejando una de sus huellas más profundas en el sistema educativo. Mientras las universidades nacionales continúan reclamando el cumplimiento de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada por la Corte Suprema, un nuevo informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA expuso la magnitud del recorte: el presupuesto destinado a Educación y Cultura sufrió una caída acumulada del 47,7% en términos reales durante el bienio 2024-2025.
El estudio sostiene que el derrumbe comenzó en 2024, cuando la función Educación y Cultura registró una contracción real del 43,2% respecto del año anterior, reduciendo además su participación en el Producto Bruto Interno en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales. Aunque el ajuste alcanzó a buena parte del gasto público nacional, el informe remarca que la "motosierra" aplicada sobre la educación fue todavía más severa.
Una de las principales razones fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que complementaba los salarios de los docentes de las provincias y cuya desaparición trasladó mayores obligaciones financieras a las jurisdicciones provinciales, profundizando el carácter descentralizado del sistema educativo argentino. Lejos de revertirse, esa tendencia continuó durante 2025. Según el trabajo del IIEP, el gasto educativo volvió a retroceder un 7,9% en términos reales.
De hecho, el informe destacó: "El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades y provincias y a programas de apoyo a estudiantes". Las proyecciones para 2026 tampoco son alentadoras. Si no se producen nuevas ampliaciones presupuestarias, el estudio estima que el área volverá a sufrir una caída real del 12,7%, completando tres años consecutivos de retrocesos.
De concretarse ese escenario, el presupuesto educativo nacional alcanzaría sus niveles más bajos desde que existen registros de la serie, tanto en relación con el PBI como dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional. El informe también desagrega cuáles fueron las áreas más afectadas. Las transferencias destinadas al financiamiento universitario, canalizadas a través del programa Desarrollo de la Educación Superior, registraron una disminución real del 5,4% durante 2025.
El panorama fue aún más crítico para las políticas de acompañamiento a estudiantes: las becas se redujeron un 42,5%, mientras que el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas cayó un 49,5%. La única excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su ejecución presupuestaria y pasó a convertirse en una de las principales políticas impulsadas por la Secretaría de Educación.
Más allá de los números, el trabajo dedica un apartado a analizar el debate que impulsa el Gobierno sobre el financiamiento educativo y la eventual expansión de sistemas de vouchers o transferencias directas a las familias. Históricamente, recuerda el IIEP, Argentina construyó un esquema basado en el financiamiento de la oferta, mediante el cual el Estado sostiene escuelas, infraestructura, cargos docentes y salarios para garantizar el funcionamiento del sistema público.
En cambio, el financiamiento por demanda propone que los recursos públicos sean transferidos directamente a estudiantes o familias para que elijan entre distintos prestadores educativos, promoviendo la competencia entre instituciones. Sin embargo, los especialistas advierten que este tipo de modelos no sólo debe evaluarse desde la eficiencia económica, sino también por su impacto social. "En contextos de fuerte desigualdad, los mecanismos de competencia pueden derivar en segmentación de la matrícula, debilitamiento de la oferta estatal y ampliación de brechas preexistentes", explicó el informe.
En esa misma línea, el estudio analiza las iniciativas promovidas por el Gobierno nacional, que buscan ampliar el uso de vouchers, becas o transferencias directas con el argumento de fortalecer la libertad de elección. Pero para los investigadores de la UBA esas propuestas "plantean interrogantes respecto de sus posibles efectos sobre la segmentación social, la desigualdad territorial y la fragmentación del sistema educativo". El informe también recuerda que desde 2024 el Gobierno implementó un programa de vouchers destinado a familias con hijos que asisten a escuelas privadas subvencionadas. Ese beneficio alcanzó a 830.000 estudiantes durante 2024 y a 504.808 en 2025.
No obstante, aclara que "esta iniciativa no constituyó un sistema generalizado, sino una transferencia focalizada y orientada a cubrir parcialmente el pago de cuotas". Al mismo tiempo, el IIEP cuestionó el impacto distributivo de esa política. "La implementación del programa implicó un refuerzo a los recursos nacionales destinados a la educación de gestión privada, en un contexto de desfinanciamiento a la estatal", subrayó el estudio. Los investigadores también mencionan que en 2023 se habilitó la deducción de gastos escolares privados en el Impuesto a las Ganancias, una medida que, según remarcan, beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos.
En ese contexto, el informe pone la lupa sobre el proyecto de "Libertad Educativa", que propone ampliar las transferencias hacia instituciones privadas. Para el IIEP, aunque la iniciativa busca garantizar el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos, también podría profundizar el desbalance entre ambos sistemas. "Si bien el objetivo es garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde a sus valores, esto implicaría una nueva vía de refuerzo al financiamiento de las escuelas privadas en el marco de un retroceso de los recursos para la educación pública. Los cambios podrían profundizar la segmentación del sistema y tener efectos desigualadores en el acceso a la educación de calidad", señaló el IIEP.
Finalmente, el trabajo concluye que el alcance territorial de estas políticas también presenta fuertes limitaciones, ya que la matrícula privada se concentra principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas jurisdicciones con mayor capacidad presupuestaria. "Podemos decir que estas políticas podrían contribuir a reforzar las desigualdades territoriales existentes en materia de capacidad de financiamiento, ya que algunas de las jurisdicciones donde se concentra la mayor parte de la matrícula de gestión privada son aquellas con mayor disponibilidad presupuestaria", concluyó el IIEP