El sábado se cumplió un año del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes que desaparecieron el 19 de septiembre de 2025 y cuyos cuerpos fueron encontrados cinco días después en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela. Doce meses más tarde, la investigación continúa abierta, acumula 16 detenidos y mantiene prófugos a varios sospechosos, mientras la Justicia intenta reconstruir la estructura criminal detrás de los asesinatos y establecer cuál fue el móvil.
Brenda, Morena y Lara fueron vistas por última vez durante la noche del 19 de septiembre, cuando subieron a una Chevrolet Tracker blanca en Ciudad Evita. El análisis de cámaras de seguridad, antenas y teléfonos celulares permitió reconstruir parte del recorrido realizado por el vehículo hasta la propiedad de la calle Chañar al 700, donde finalmente fueron encontrados sus cuerpos.
Los primeros arrestos se produjeron alrededor de esa vivienda, pero el expediente rápidamente comenzó a extenderse mucho más allá de la escena del crimen. Con el avance de las medidas judiciales aparecieron nuevos nombres, vehículos utilizados para la logística y presuntos integrantes de una organización dedicada al narcotráfico.
Uno de los principales acusados es Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", detenido en Perú en septiembre de 2025 y extraditado a la Argentina en mayo de este año. Fue procesado como presunto coautor de los tres homicidios, aunque negó haber participado de los asesinatos.
La investigación también puso bajo la lupa a Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha de "Pequeño J" y capturado en Lima. A ellos se sumaron Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Villanueva Silva, vinculados con la propiedad donde fueron encontrados los cuerpos, y Daniela Ibarra y Maximiliano Parra, sorprendidos por los investigadores mientras lavaban manchas de sangre en el lugar.
Otro de los detenidos es Ariel Giménez, acusado de haber sido contratado para cavar el pozo del patio trasero donde fueron enterradas las víctimas. Lázaro Víctor Sotacuro, por su parte, quedó bajo sospecha por el vehículo utilizado como apoyo durante el secuestro y fue capturado en un hostel de Villazón, Bolivia, después de cruzar ilegalmente la frontera. Florencia Ibáñez también quedó vinculada con esa logística.
En noviembre de 2025 se produjo uno de los principales cambios en el expediente: la investigación dejó la Justicia ordinaria y pasó al fuero federal, ante la sospecha de que detrás de los femicidios funcionaba una organización narcocriminal de alcance transnacional e interjurisdiccional.
El expediente quedó en manos del juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, luego de que los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza cerraran su intervención. El pase había sido avalado por el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara, quien consideró que la pesquisa ya no estaba limitada a una posible maniobra de narcomenudeo.
Desde entonces, el objetivo es reconstruir la estructura completa de la presunta organización, determinar quiénes la integraban y establecer qué responsabilidad tuvo cada uno antes, durante y después de los asesinatos. En ese esquema también aparece bajo investigación un hombre conocido como "Abuelo", señalado como supuesto jefe de una organización dedicada al narcotráfico en el Bajo Flores.
Una de las hipótesis que atravesó el expediente sostiene que el triple crimen habría sido una represalia por un supuesto robo de cocaína. Sin embargo, los testimonios incorporados a la causa presentan diferencias respecto de la cantidad de droga involucrada y, hasta el momento, esa línea no permitió establecer de manera definitiva qué desencadenó los asesinatos.
Últimos detenidos y el avance sobre la presunta banda
Durante los últimos meses, la causa sumó nuevos acusados. Uno de ellos es David Alberto Godoy, alias "Tomate", de 44 años, quien ya se encontraba preso por otra causa cuando la DDI de La Matanza logró identificarlo como sospechoso del triple femicidio.
Godoy estaba alojado en una alcaidía de la Policía de la Ciudad por un robo a mano armada cometido en marzo. A partir de las pericias realizadas sobre distintos teléfonos celulares, los investigadores lograron ubicarlo presuntamente a bordo de la camioneta blanca utilizada para trasladar a Brenda, Morena y Lara y sospechan que también estuvo presente al momento de los asesinatos. Ahora quedó imputado por narcotráfico, femicidio agravado y privación ilegítima de la libertad.
A la lista se incorporaron además Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo. Olivera, de 70 años y madre de Godoy, está acusada de haber funcionado como prestanombres de la organización. Chieto, de 36 años y conocida como "Mamá Coca", es señalada como pareja de Bernabé Mallón, alias "El Tío", procesado como supuesto responsable de tareas logísticas. Gallardo, en tanto, es investigada por su presunto rol como mula y por sus vínculos con "Pequeño J".
Mientras los investigadores intentan establecer cómo se distribuían las funciones dentro de la presunta banda, la Justicia también mantiene abiertas las medidas para encontrar a quienes todavía permanecen fuera de su alcance. Entre los buscados figuran los ciudadanos peruanos Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, este último tío de "Pequeño J".
Así, un año después de los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, el expediente todavía tiene interrogantes centrales sin resolver. La Justicia logró reconstruir buena parte de la logística que rodeó el traslado, los asesinatos y el ocultamiento de los cuerpos, pero continúa intentando determinar quién dio la orden, cuál fue el motivo concreto del ataque y hasta dónde llegaba la organización criminal investigada.