En un contexto político marcado por la incertidumbre y los ataques sistemáticos al sistema educativo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se convirtió en el protagonista de una denuncia que no solo pone en tela de juicio su propia credibilidad, sino que también evidencia el desprecio del gobierno de Javier Milei hacia las universidades públicas.
Álvarez, quien según registros oficiales no logró pasar ni siquiera el Ciclo Básico Común (CBC) en la Universidad de Buenos Aires, arremetió contra los rectores de las universidades nacionales con acusaciones que rayan lo absurdo. En un intento por deslegitimar la movilización contra el veto a la ley de financiamiento universitario, el subsecretario acusó a 45 de los 65 rectores de asignarse aumentos salariales "por encima de la inflación" y de cobrar cifras exorbitantes que oscilan entre los 10 y los 15 millones de pesos. Sin embargo, estas declaraciones no solo carecen de pruebas contundentes, sino que parecen más una estrategia para desviar la atención del verdadero problema: el desfinanciamiento sistemático de las universidades públicas por parte del gobierno de Milei.
El Dr. Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, no dudó en cuestionar las declaraciones de Álvarez y en exponer la hipocresía detrás del discurso oficialista en el programa Circo Freak: "Nos hablan de meritocracia, pero este subsecretario no aprobó ni una sola materia en la UBA. Está en los registros. Hace más de 20 años que vive de la política", sentenció Durán con evidente indignación.
La denuncia contra el rector de la UBA por su participación en la campaña "No al veto" ha generado un repudio generalizado entre la comunidad universitaria. En el consejo directivo de la Facultad de Exactas, se solicitó al Consejo Superior que analice si esta acusación constituye una causal de juicio académico. Pero más allá del procedimiento institucional, lo que queda claro es que este ataque forma parte de una estrategia más amplia para desacreditar a las universidades públicas y justificar su desfinanciamiento.
El discurso meritocrático del gobierno se desploma cuando se analiza el historial académico y profesional de sus principales voceros. No solo Álvarez carga con un pasado universitario vacío; incluso el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien se presenta como defensor del mérito, tuvo un paso más que cuestionable por la Universidad Nacional de La Plata: "Estuvo 10 años en la universidad y apenas aprobó dos materias. Macroeconomía la tuvo que rendir seis veces", reveló Durán en una declaración que dejó al descubierto la incoherencia del gobierno.
La movilización contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario es un grito desesperado por la supervivencia del sistema educativo público en Argentina. Las universidades nacionales han sido históricamente un bastión de inclusión y excelencia académica, pero hoy enfrentan una amenaza real: un gobierno que no solo las desprecia, sino que busca debilitarlas para imponer su agenda privatizadora.