El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, junto a sus pares Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Vidal (Santa Cruz), se presentaron este lunes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa que investiga supuestas irregularidades en el ingreso de la familia Eskenazi a YPF en 2007. "Las provincias productoras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece", aseguró Torres tras la presentación.
El mandatario chubutense adelantó que, "de ser necesario, también vamos a acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda inmediatamente la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal". Según señaló, la investigación podría impactar en el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares más intereses y entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park. "Ante esta locura, tenemos que hacer causa común y los gobernadores nos vamos a poner al frente de esta discusión para defender YPF y también lo que es propiedad de las provincias productoras", sostuvo.
Torres recordó que "el grupo Eskenazi se hace del 25% de las acciones de YPF apalancándose financieramente en dividendos futuros y devengados, y esto precede a la expropiación". Luego, con la estatización del 51% de la petrolera en 2012, "el grupo Eskenazi le vende el juicio que había iniciado contra la República Argentina reclamando una indemnización a un fondo muy conocido por los argentinos por el daño que le ha hecho al país", señaló el gobernador. En paralelo a la querella penal, Chubut presentó un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para defender su participación accionaria en YPF.
El fallo de Preska "no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado, en este caso el Estado Argentino", remarcó Torres. El conflicto judicial tiene su raíz en diciembre de 2007, cuando el grupo Petersen -liderado por Enrique Eskenazi- firmó un acuerdo con Repsol para adquirir el 25% de las acciones de YPF a través de sociedades radicadas en España. En 2012, el Congreso aprobó la Ley 26.741 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de la petrolera. Dos años más tarde, Repsol aceptó una compensación de US$ 5.000 millones por la estatización.
Tras la quiebra del grupo Petersen, el fondo Burford Capital compró el derecho de litigio y en 2015 demandó a la Argentina en Nueva York, alegando que el país incumplió el Estatuto de YPF al no extender la oferta de compra a todos los accionistas. En 2023, la jueza Preska falló en contra del Estado argentino y fijó la indemnización en US$ 16.100 millones. En junio de 2025 ordenó además la entrega del 51% de las acciones de la empresa, aunque un mes después la Corte de Apelaciones suspendió preventivamente esa decisión.