La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 que le permita cumplir la condena a seis años de prisión en su domicilio de la calle San José al 1100, donde vive con su hija Florencia. El pedido fue presentado pocas horas después de que la Corte Suprema dejara firme el fallo por corrupción en la causa conocida como "Vialidad". En el escrito, sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy reclamaron que se evite su paso por una alcaidía y que se ordene de forma directa el arresto domiciliario, sin tobillera electrónica y con su custodia habitual.
La defensa de la actual presidenta del Partido Justicialista argumentó que Cristina Kirchner, de 72 años, no solo reúne las condiciones para acceder al arresto domiciliario por su edad, sino que enfrenta serios riesgos para su seguridad personal, especialmente tras el intento de atentado que sufrió en septiembre de 2022. Además, señalaron que su condición de ex presidenta de la Nación vuelve inviable su detención en una cárcel común. "En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria", sostuvieron los letrados.
A su vez, agregaron que someterla a un régimen carcelario sería "incompatible" con los estándares constitucionales y los recaudos de seguridad que deben garantizarse a alguien en su situación. En paralelo, los fiscales del juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, solicitaron su inmediata detención. Consideran que el plazo de cinco días hábiles que el juez Jorge Gorini les dio a todos los condenados para presentarse voluntariamente ante los tribunales de Comodoro Py es excesivo, ya que incluye un fin de semana y un feriado nacional. En ese contexto, requirieron que se ordene la detención sin más demoras.
El juez Gorini, en tanto, pidió al Ministerio de Seguridad que identifique lugares de detención adecuados para los condenados hasta que se resuelvan los planteos presentados por las defensas. En caso de que se rechace el arresto domiciliario, la ex mandataria debería ser trasladada a una unidad penitenciaria, lo que, según su defensa, implicaría un régimen de aislamiento absoluto y vigilancia permanente, medidas que —advirtieron— no respetarían los derechos básicos durante la ejecución de la pena.
Finalmente, los abogados de la ex mandataria insistieron en que no debe usarse una tobillera electrónica, tal como establece la Ley de Ejecución Penal, ya que la ex presidenta cuenta con custodia permanente por parte del Estado, lo que hace "completamente innecesario" cualquier dispositivo adicional de control. El Tribunal deberá resolver en los próximos días si acepta o no el pedido de la defensa.