El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal que involucra directamente al presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, y varios de sus colaboradores más cercanos en un esquema de corrupción relacionado con la compra y provisión de medicamentos. La denuncia también apunta contra Eduardo "Lule" Menem, funcionario de la Secretaría General; Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.
La acusación detalla un entramado que, según explicó Dalbón, constituye delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública. La denuncia a la que BigBang tuvo acceso, sostiene que los hechos denunciados configuran una asociación ilícita destinada a desviar fondos públicos mediante el cobro de coimas en el ámbito de la salud pública.
La denuncia se fundamenta en audios filtrados que vinculan directamente a Spagnuolo con un mecanismo de corrupción estructurado. En esa grabaciones, el titular de ANDIS admite la existencia de un sistema de "recaudación ilegal" que involucra nada más y nada menos que a los hermanos Milei y a la familia Menem: "De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia". Esta declaración revela cómo la droguería Suizo Argentina habría operado como canal para materializar pagos ilegales.
Además, Spagnuolo menciona que "A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria", señalando directamente a la Secretaria de Presidencia como beneficiaria del esquema corrupto. En otro fragmento, el funcionario asegura: "Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina... Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores".
La denuncia describe cómo la droguería Suizo Argentina, propiedad de Kovalivker, habría clave para canalizar y distribuir las coimas. Según Dalbón, esta empresa se convirtió en el "engranaje indispensable" para garantizar el flujo de dinero hacia la Secretaría General de la Presidencia y sus operadores políticos.
En esta misma línea, "Lule" Menem, principal armador de La Libertad Avanza, aparece mencionado como protector del esquema corrupto, utilizando su influencia para blindar las maniobras. La conjunción entre los intereses de la familia presidencial, altos funcionarios y una empresa privada es lo que finalmente permitió sostener este mecanismo a gran escala.
El caso adquiere una dimensión aún más alarmante al considerar que ANDIS, el organismo encargado de garantizar prestaciones básicas para personas con discapacidad, estaría involucrado en esta red corrupta. Es que cada peso desviado hacia coimas representa una pérdida directa para quienes dependen del Estado para acceder a tratamientos médicos, prótesis y otros insumos esenciales.
Dalbón enfatizó que el impacto social es devastador: "El cinismo político es evidente. Mientras públicamente se alegaba austeridad fiscal para justificar recortes en discapacidad, en paralelo se sostenía un sistema clandestino de retornos millonarios". Los audios filtrados revelan incluso frases como 'Si no hay aporte, no hay medicamentos'. Esto es así. No es caridad, es negocio".
Según los datos aportados por Dalbón, el esquema habría generado ingresos ilegales por alrededor de 800 mil dólares mensuales destinados a la Secretaría General de la Presidencia. Además, se suman pagos adicionales a intermediarios por unos 30 mil dólares mensuales...
Palabras más, palabras menos, las cifras reflejan la magnitud del presunto fraude y ponen al gobierno de las fuerzas del cielo en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país. "La vulnerabilidad social fue transformada en un negocio privado", denunció Dalbón.
En su presentación ante el Juzgado Federal, Dalbón solicitó una serie de medidas urgentes para preservar pruebas y avanzar en la investigación. Entre ellas se destacan:
- Allanamientos. Requerimiento para ingresar a las sedes de ANDIS, la Secretaría General de la Presidencia y las oficinas de Suizo Argentina con el objetivo de secuestrar documentación vinculada a contratos y dispositivos electrónicos.
- Investigación financiera. Pedido a la Unidad de Información Financiera (UIF) para analizar los movimientos bancarios de Suizo Argentina.
- Información societaria. Solicitud a la Inspección General de Justicia (IGJ) para obtener detalles sobre la composición societaria y vínculos comerciales entre Suizo Argentina y funcionarios del gobierno.