La política argentina tiene sus ironías: mientras un escándalo de corrupción con epicentro en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sacude al oficialismo y salpica a la mismísima la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, a Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación) y a Eduardo "Lule" Menem, entre otros, el vocero presidencial, Manuel Adorni, eligió hablar de aumentos para las prestaciones a personas con discapacidad.
En su cuenta de X, Adorni publicó: "El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual".
Sin ponerse colorado e ignorando el desprecio y trato represivo que las personas ocn discapacidad y sus familias recibieron durante las últimas semanas de reclamos ffrente al Congreso, el vocero de Javier Milei aclaró con total liviandad: "De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con "curros" de muchos años".
Lo cierto es que la frase llegó apenas minutos después de que se conocieran los audios explosivos de Diego Spagnuolo, director de la ANDIS y ex abogado personal de Javier Milei. En esas grabaciones, el funcionario admite la existencia de un mecanismo de retornos y sobreprecios que involucra a la hermana del presidente y a los hermanos Menem. Las palabras de Spagnuolo, difundidas por Data Clave (Carnaval Stream), son contundentes: "A Karina se la van a llevar puesta con este escándalo".
El titular de la ANDIS describió en detalle cómo proveedores deben pagar hasta un 8% de "retorno" para acceder a contrataciones. Ese dinero, asegura, se canaliza a través de la droguería Suizo Argentina S.A. para "subirlo a la Presidencia". Según sus cálculos, Karina Milei se quedaría con un 3% de la recaudación, que oscilaría entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. La coincidencia temporal no pasó desapercibida. Mientras los audios revelan cómo la cúpula libertaria habría convertido a la ANDIS en una caja de recaudación ilegal, el mensaje de Adorni buscó instalar una agenda de "eficiencia y justicia" en una de las áreas más golpeada por el propio ajuste del Gobierno.
El contraste es brutal: la promesa de un aumento -que aún no tiene fecha ni monto definido- se apoya, según el propio Adorni, en "ahorros obtenidos al auditar pensiones mal otorgadas". Es decir, en recortes. Todo esto en un organismo que ya despidió a más de 300 empleados y afectó a 1,5 millones de personas con discapacidad. El escándalo estalla además en la antesala de una sesión clave en la Cámara de Diputados, convocada para tratar los vetos del Gobierno a la Ley de Emergencia en Discapacidad y al aumento de las jubilaciones. La oposición quedó a un solo voto de conseguir los dos tercios para insistir con la primera, y confía en revertir la votación.
En este contexto, el posteo de Adorni aparece más como un movimiento defensivo de comunicación que como una medida concreta. Un intento de encubrir con promesas sociales lo que los audios dejaron al desnudo: una trama de negocios y coimas sobre la espalda de los más vulnerables. "Cada uno se queda con 20 o 30 mil dólares por mes... y después hay otra línea que se lleva medio palo", admite Spagnuolo en otro tramo de los audios.
El funcionario incluso reconoce haber hablado del tema con Javier Milei: "Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina. Le dije: no te podés hacer el boludo conmigo. No me tires a mí este fardo". El gobierno libertario, que llegó prometiendo "terminar con la casta", enfrenta así su prueba más dura. Otra trama de corrupción que no solo involucra a un organismo sensible como la ANDIS, sino que apunta directo al corazón del poder presidencial.