El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que Harbour Energy, una petrolera británica vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, forma parte de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según planteó el legislador, la compañía posee el 15% de Southern Energy, iniciativa aprobada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades vinculadas a la producción y exportación de gas desde Río Negro.
Ferraro sostuvo que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC, denominación que fue modificada en 2021.
Según su presentación, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 por una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración en la plataforma continental argentina sin autorización, en cercanías de las Islas Malvinas.
La denuncia se conoció luego de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
En paralelo, el proyecto autorizado para Southern Energy prevé un importante operativo logístico en el sur argentino.
El esquema contempla la llegada mensual de buques encargados de trasladar alrededor de 3.500 tubos que serán utilizados para la instalación de cañerías, mientras continúa pendiente una resolución judicial sobre la denuncia presentada.
Esta denuncia se da en el marco de la cadena nacional del jueves pasado, en la que el presidente Javier Milei descubrió una veta malvinera inédita en estos tres años de mandato. Allí expuso que comenzarán con sanciones a empresas que exploten yacimientos en las Islas sin el debido permiso. algo que -por lo visto- ya venía sucediendo. Y, por si faltase más, con beneficios otorgados por su propio gobierno.
En su tuit, el diputado explica: "Alguien dirá que Harbour ya no opera en Malvinas. Es cierto, vendió sus activos en las islas en 2022. Pero ese no es el punto, y conviene decirlo con claridad. La Ley 26.659 no prohíbe únicamente operar en el mar argentino sin habilitación. Su artículo 2 prohíbe esa conducta a la empresa que opera y también a sus accionistas. Y su artículo 5 va más lejos: prohíbe al propio Estado contratar con esas empresas, sus controladas o sus accionistas. El problema es que Harbour arrastra una inhabilitación firme y vigente hasta 2028, y hoy es accionista de un proyecto beneficiado por el propio Estado a través del RIGI".