La situación judicial de Manuel Adorni atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que comenzaron las denuncias sobre la evolución de su patrimonio. En las últimas horas, la Justicia dio un paso clave al completar la extracción forense del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que se convirtió en uno de los testigos más comprometedoras para el jefe de Gabinete en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La información contenida en el dispositivo ya está en manos de los investigadores y comenzó a ser analizada tanto por la fiscalía de Gerardo Pollicita como por los especialistas del Centro de Investigaciones Judiciales. Tabar no sólo declaró bajo juramento que realizó obras para Adorni por un valor de 245.000 dólares, sino que además entregó su teléfono para respaldar cada una de sus afirmaciones con documentación, chats, llamadas y comprobantes.
La medida representa un nuevo revés para la estrategia defensiva del funcionario. Desde el entorno de Adorni habían intentado desacreditar el testimonio del contratista y sembrar dudas sobre sus declaraciones. Sin embargo, en los tribunales federales aseguran que gran parte de los dichos de Tabar ya cuentan con respaldo documental incorporado al expediente. La investigación avanza sobre una pregunta central: cómo hizo Adorni para afrontar una serie de gastos que, según estimaciones incorporadas a la causa, superarían los 725 mil dólares entre compras inmobiliarias, remodelaciones, vehículos y viajes familiares.
Mientras el Gobierno insiste en que el jefe de Gabinete presentará en los próximos días su declaración jurada correspondiente al período 2025, los investigadores preparan una instancia decisiva. El fiscal Pollicita trabaja en un requerimiento formal de justificación patrimonial para que el funcionario explique movimientos económicos que no terminan de cerrar en el análisis preliminar de sus cuentas. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) se encuentra elaborando un informe técnico destinado a determinar si el patrimonio y los ingresos declarados por Adorni guardan relación con el nivel de gastos detectado.
Ese estudio podría establecer la magnitud de un eventual enriquecimiento ilícito si se verifican las inconsistencias que observan los investigadores. Pero los interrogantes no se limitan a los números. Entre los aspectos que generan sospechas aparecen pagos presuntamente realizados en efectivo, gastos vinculados a viajes al exterior, desembolsos relacionados con operaciones inmobiliarias y movimientos financieros cuya trazabilidad todavía no habría sido suficientemente acreditada.
En Comodoro Py explican que el requerimiento patrimonial funcionará como una oportunidad para que Adorni brinde explicaciones antes de una eventual imputación formal. Sin embargo, si las respuestas no logran disipar las dudas de la fiscalía, el próximo paso podría ser mucho más comprometedor: una citación a declaración indagatoria. La situación se vuelve aún más compleja porque el jefe de Gabinete enfrenta otro expediente judicial que corre en paralelo. Allí se investiga su vínculo con Marcelo Grandio, un amigo personal que obtuvo contratos con medios públicos durante la gestión libertaria a través de su productora ImHouse.
Los investigadores buscan determinar si existió algún tipo de influencia indebida para favorecer esas contrataciones. En ese contexto, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado analiza comunicaciones telefónicas y cruces de llamadas que podrían aportar nuevos elementos sobre la relación entre los protagonistas. Uno de los episodios que quedó bajo la lupa fue el viaje que Adorni realizó junto a su esposa y sus hijos a Punta del Este durante el feriado de Carnaval.
Según surge de la investigación, los pasajes en avión privado fueron abonados por Grandio e ImHouse y tuvieron un costo total de 7.830 dólares. Aunque el funcionario aseguró públicamente haber pagado la parte correspondiente a su familia, hasta el momento no trascendieron comprobantes que acrediten ese desembolso. La defensa política del funcionario tampoco logró clausurar el debate. Hace pocas semanas, el presidente Javier Milei salió a respaldarlo públicamente y afirmó que Adorni es "una persona honesta" y que la documentación que revisó estaba "en orden".