La nueva ley de biocombustibles que ya fue aprobada en el Senado y que comenzará a discutirse este martes en la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados, puede convertirse en un nuevo golpe al trabajo y la producción, ya que de concretarse la desregulación proyectada implicaría un golpe directo al circuito pyme que prospera por iniciativa del Estado, y generaría 9.500 desocupados más entre puestos directos e indirectos.
En ese sentido, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) presentará una iniciativa propia para contrarrestar la del oficialismo, que las lleva a la quiebra, al bajar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 4% y, al mismo tiempo, estimular el crecimiento de la libre negociación del 0 al 6 por ciento, en un beneficio indiscutido a las cerealeras más grandes e importantes.
De acuerdo a lo que explicó a Página 12 el titular de Cepreb, Federico Martelli, la producción de las pymes en relación a los biocombustibles se reduciría de 902.700 a 481.440 toneladas y sólo 11 de las 25 que existen podrían trabajar, de acuerdo al cupo de cercanía al Puerto Gral. San Martín que rige. En términos prácticos, de allí saldrían los 9.500 empleos directos e indirectos que la motosierra libertaria afectaría, para beneficiar a las grandes empresas del sector.
En la Cámara temen que, lejos de escucharlos, el martes desde el oficialismo aprovechen la Comisión para llevar agua para su molino. "Sería gravísimo: sacar la lapicera para aniquilarnos como si no estuviéramos ahí", advirtió Martelli. "Entendemos que las grandes aceiteras son muy poderosas y están acostumbradas a llevarse todo por delante, pero esperamos que la dirigencia política esté a la altura de las circunstancias, realice las modificaciones para mejorar la ley y que las pymes podamos seguir produciendo", pidió el dirigente.
La legislación vigente impulsa a que las refinadoras compren biodiésel al circuito pyme de forma obligatoria, con los precios y cupos de toneladas determinados por el Estado y con YPF a la cabeza de esas adquisiciones, con un 59% de las compras. Es un mercado en el cual las empresas petroleras más grandes monopolizan el 92% de la actividad, dejar a los peces más pequeños desprotegidos, y en el cual las 25 adherentes a Cepreb no manejan más del 5%, parece tener un destino inevitable.
En ese sentido, la propuesta de la Cámara busca que el corte obligatorio pase al 12,5% en un esquema definido como "segmentado bajo licitación competitiva", que estaría dividido en un 5% para las pymes regionales que quedan afuera por la lejanía del puerto, 2,5% para las que pertenecen pero no están integradas al polo portuario, y el 5% restante para las exportadores más grandes.
A su vez, la idea es terminar con los cupos y precios regulados mediante competencia por licitación y reemplazar al esquema estatal por uno más afín al mercado, sin desproteger la producción federal y evitar los cierres inevitables de pymes que tiene el proyecto oficialista. "Esto no trae ningún beneficio para el país: se pierden miles de empleos, se desindustrializan pueblos y ciudades pequeñas y medianas de esas provincias y, como contrapartida, no hay nuevas inversiones ni nuevos empleos. Ni siquiera baja el precio en el surtidor", alertó Martelli.
El director ejecutivo de la Cepreb también cuestionó el apoyo que llegó a la ley por parte de las provincias que hacen bioetanol, a partir de la promesa de que de hacerlo tendría legislación para su sector. "Es un antecedente muy malo, porque siembra desconfianza y malestar entre provincias. Están jugando a Los juegos del hambre. Pero esto no es una película, es un país", lamentó.