Una nueva batalla política y judicial se desata en el seno del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentara una acción de amparo para frenar lo que califican como un "vaciamiento institucional" sin precedentes.
La medida, que busca anular la Resolución 42/26 emitida por el Consejo Directivo del organismo, llega tras la decisión gubernamental de eliminar más de 900 servicios técnicos esenciales, poniendo en jaque áreas estratégicas para el funcionamiento del país.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, no escatimó en críticas: "El Gobierno está actuando al margen de la ley en su intento de desmantelamiento del INTI. Las resoluciones emitidas por el consejo directivo no pueden modificar funciones ni tampoco eliminar programas que hayan sido creados por una ley. No podemos permitir que existan autoridades que pretendan estar por encima del Congreso", dijo contundentemente.
La resolución, que afecta sectores clave como el control de calidad industrial, alimentos, dispositivos médicos y metrología, fue tildada por el gremio como una "maniobra ilegal" que por un lado pone en riesgo los derechos laborales de cientos de trabajadores especializados y, por otro lado, compromete el bienestar de toda la sociedad.
"Se trata de una resolución ilegal que tiene que ser suspendida de inmediato ya que no solo vulnera los derechos de los trabajadores sino fundamentalmente los derechos de toda la sociedad", advirtió Aguiar.
Desde ATE aseguran que esta decisión unilateral fue adoptada sin negociación paritaria previa ni consulta sindical, lo que constituye una flagrante violación a las normas laborales y a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en la misma línea denuncian que la medida deja a cientos de técnicos y profesionales sin funciones concretas, configurando lo que describen como una "desocupación efectiva".
El conflicto ya escaló a los tribunales, donde el sindicato solicitó una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la resolución mientras se dirime el fondo del asunto y se marca así el inicio de una verdadera guerra legal contra lo que ATE considera un ataque directo a la estabilidad laboral y a la estructura misma del organismo.
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