Fue una sesión maratónica, pero el resultado llegó con un respaldo contundente, con 71 votos afirmativos. Así el Senado convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, después de nueve horas de debate. Diputados ya lo había aprobado con más de dos tercios, y esta vez hasta el oficialismo acompañó, lo que responde la pregunta del millón: de dónde saldrán los fondos.
El gran cambio es de fondo: la Ley de Discapacidad mantiene los principales ejes de la emergencia vigente, que vence el 31 de diciembre, pero le quita su carácter transitorio. Lo que hasta ahora era una medida de excepción, que el Gobierno había incumplido, pasa a ser un régimen permanente. Afuera del Congreso, vallado desde temprano, las organizaciones que marcharon celebraron el resultado.
Entre los puntos centrales, la ley garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la actualización de las prestaciones. Además, permite cobrar una pensión no contributiva y tener un empleo registrado al mismo tiempo, siempre que el sueldo no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles Hasta ahora, conseguir un trabajo formal podía significar perder la pensión.
En salud, los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad tendrán derecho a un programa médico de atención y cobertura con las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. Para los prestadores, que denunciaron durante meses pagos atrasados que ponían en riesgo la atención, hay plazos concretos: el cronograma de pagos deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley, y la deuda tendrá que cancelarse en un máximo de 90 días para quienes hayan completado el trámite administrativo.
La sanción cierra una larga pelea. Durante casi dos años, personas con discapacidad, familias y prestadores salieron a la calle para reclamar por pensiones, aranceles congelados y pagos atrasados. Ahora, con una ley permanente y fondos asignados, el desafío será que el Poder Ejecutivo la cumpla, algo que no pasó con la emergencia.
Propiedad privada: sí a la ley, pero vuelve la Ley de Tierras
En la misma sesión, el Senado aprobó, con 42 votos a favor y 26 en contra, las modificaciones que Diputados había introducido a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa del Gobierno. Así, el proyecto quedó definitivamente sancionado.
Pero con un cambio clave que el oficialismo no quería: se restituyó la plena vigencia de la Ley de Tierras, que fija un límite del 15% a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Las fuerzas del suelo esta vez se hicieron notar.