Mientras el ajuste brutal se impone como dogma desde la Casa Rosada, con la motosierra de Javier Milei devastando ministerios, organismos sociales y programas esenciales para los sectores más vulnerables, hay un rincón del Estado que no solo quedó indemne, sino que florece con un presupuesto envidiable: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En tan solo cinco meses, el organismo que responde de forma directa al Presidente vio incrementado su presupuesto en un 68%, pasando de $48.253 millones a $80.872 millones. Pero si hay un rubro que revela con crudeza las prioridades del oficialismo, es el de los gastos reservados: partidas secretas, opacas por definición, sin control público ni transparencia, que se dispararon un 254% desde enero. De $3.794 millones, escalaron hasta $13.436 millones.
En un país donde se recortan subsidios, medicamentos, comedores escolares y universidades, la inteligencia estatal se convierte, paradójicamente, en un oasis de abundancia. La justificación oficial: se trata de "inversiones tecnológicas" a "precios internacionales". Una explicación que, de tan genérica, ofende la inteligencia ciudadana. La SIDE no solo engorda su caja. También expande su sombra. Según revelaciones recientes, el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), elaborado bajo la gestión de Santiago Neiffert, abre la posibilidad de un giro inquietante hacia el espionaje interno. Aunque mantiene prioridades tradicionales como el combate al terrorismo o el resguardo del Atlántico Sur, introduce formulaciones ambiguas que podrían habilitar seguimientos sobre periodistas, economistas y críticos del oficialismo.
De acuerdo a lo informado por el sitio La Nación, en enero, el organismo emitió una directiva secreta ordenando identificar y monitorear a "grupos sociales vulnerables" y, de manera llamativa, a "actores no estatales" que puedan capitalizar la "creciente polarización política". En un país donde la pobreza alcanza al 55% de la población y la indigencia ya supera los dos dígitos, apuntar los recursos del espionaje hacia quienes padecen la crisis y no hacia quienes la generan, parece no solo cruel, sino peligroso.
El tema ya provocó movimientos en el Congreso. Legisladores de la oposición, encabezados por el senador Martín Lousteau, anticiparon una posible citación a Neiffert para que rinda cuentas por el uso de los fondos. La solicitud fue impulsada por el diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre). Sin embargo, tanto el DNU 186/25 como la decisión administrativa 10, instrumentos con los que se habilitaron los millonarios aumentos, aún no fueron tratados por la Comisión de Trámite Legislativo.
El pasado sirve de advertencia. En 2024, el gobierno intentó, vía DNU 656, asignar $100.000 millones en gastos reservados. El Congreso lo rechazó de forma contundente, por primera vez desde 1994. Tras ese revés, la estrategia cambió: aumentos dosificados, escalonados, para evitar el ruido político y el escrutinio público. Hoy, cinco meses después, la SIDE ya recuperó más de $13.000 millones de aquel intento frustrado.
La lógica del gobierno es clara: allí donde hay posibilidad de control social y protesta, se impone la motosierra; allí donde se cultiva la vigilancia y el silencio, se riega con fondos secretos. El gobierno que desmantela políticas públicas esenciales, que promueve el cierre de organismos científicos, culturales y sociales, que recorta jubilaciones, que posterga la obra pública y desprecia el federalismo, elige blindar con millones a su aparato de inteligencia.
El ajuste no es parejo ni ciego. Tiene prioridades. Y la principal parece ser asegurar el poder a cualquier costo, incluso a expensas de las libertades democráticas y del control republicano. La inteligencia, en esta lógica, no es una herramienta de seguridad nacional: es un instrumento de dominación política. En la Argentina de Milei, se desfinancia la escuela, pero se subsidia el espionaje. Se recorta el plato de comida, pero se multiplican los fondos secretos.