27 Mayo de 2025 14:37

El gobierno de Javier Milei, bajo la batuta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, iniciaron desde que manejan las arcas políticas del Estado una cruzada contra los organismos públicos.
En su más reciente anuncio, el funcionario confirmó en La Nación que no se salvarán ni los animales pues pretende achicar el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) será uno de los próximos objetivos de la motosierra libertaria, junto con otras instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Este avance, en nombre de la austeridad fiscal y la eficiencia administrativa, amenaza con desmantelar estructuras fundamentales para la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo del país.

El SENASA es mucho más que un organismo burocrático como lo describe Sturzenegger: es una institución clave para garantizar la salud animal, la inocuidad alimentaria y el cumplimiento de estándares internacionales en exportaciones agropecuarias. Desde la prevención y control de plagas hasta la certificación sanitaria de productos de origen animal, su trabajo impacta directamente en la calidad de vida de los argentinos y argentinas y en la competitividad de los productos nacionales en los mercados globales.
La propuesta de desregular o incluso desmantelar este organismo pone en riesgo la salud pública y el acceso a mercados internacionales que exigen altos estándares sanitarios. Pero.. ¿Qué gravedad reviste que los productos argentinos dejen de cumplir con estas normativas? La respuesta es clara: se perderán mercados estratégicos, afectando gravemente a las economías regionales y al sector agroindustrial, uno de los motores económicos del país.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la ANMAT tampoco están a salvo. El primero, acusado por Sturzenegger de gastar "la mitad de las retenciones del maíz", es fundamental en el desarrollo tecnológico del sector agropecuario, promoviendo prácticas sostenibles y mejorando la productividad. Lo más fuerte de esta medida es que reducir su alcance o presupuesto sería un golpe directo a las pequeñas y medianas empresas agropecuarias que dependen de su apoyo técnico.
Por su parte, la ANMAT desempeña un rol crucial en el control y regulación de medicamentos, alimentos y tecnología médica. En un país donde el acceso a medicamentos seguros es una cuestión de vida o muerte para millones, desregular esta institución sería abrir la puerta al caos sanitario.

El argumento central del gobierno libertario es que estas medidas reducirán el gasto público y aliviarán la carga impositiva sobre los ciudadanos. Sin embargo, esta narrativa simplista ignora las consecuencias a largo plazo. Si bien es cierto que algunos organismos pueden requerir ajustes o modernización, el enfoque radical propuesto por Sturzenegger parece más orientado al desmantelamiento que a una reforma responsable.
La "motosierra" de Federico Sturzenegger está cada vez más morbosa. El SENASA, el INTA y la ANMAT no son solo nombres en una lista de organismos; son pilares fundamentales para un país que aspira a crecer con justicia social y sostenibilidad. Desmantelarlos no es una solución; es un retroceso que tendrá consecuencias profundas y duraderas para todos los argentinos.