La posible modificación de la Ley de Glaciares reabre una disputa estratégica: entre la protección del ambiente periglacial -reserva clave de agua dulce- y la presión extractiva en un contexto global que demanda minerales críticos para la transición energética. Mientras el Congreso extiende sus sesiones extraordinarias y pone bajo la lupa la reforma laboral, un debate clave queda relegado: la modificación de la Ley 26.639, el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Esa última expresión, que podría parecer un detalle técnico, es en realidad el eje de la discusión. Pero ¿qué es el ambiente periglacial?
Según a quién se consulte, no se trata solo de roca y hielo, sino de una estructura viva: un sistema permeable que regula y almacena agua dulce, vital para el equilibrio de los ecosistemas y el abastecimiento humano. Para otros sectores, en cambio, esas cumbres blancas esconden un "tesoro invisible": agua, cobre y litio. Una fortuna que hoy se convierte en campo de batalla entre la soberanía sobre los recursos naturales y la responsabilidad ambiental de las empresas.
Una paradoja verde atraviesa el debate. La transición hacia medios "sustentables", como los vehículos eléctricos, requiere grandes cantidades de cobre y litio. Incluso el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial demanda volúmenes crecientes de agua dulce para la refrigeración de centros de datos. La agenda ambiental global convive, así, con una demanda extractiva sin precedentes.
Argentina posee una ubicación geográfica estratégica y una vasta disponibilidad de recursos naturales aún no explotados, además de áreas protegidas como los glaciares. La reforma presentada en el Congreso gira, literalmente, en torno a la "relevancia". En particular, a la "relevancia hídrica" de los suelos que resguardan reservas de agua dulce y, al mismo tiempo, minerales críticos en el actual contexto internacional.
La Ley de Glaciares funciona como un escudo ambiental. Su objetivo es proteger las fuentes de agua que alimentan ríos fundamentales para regiones como Cuyo y el NOA, especialmente durante los veranos más secos y calurosos. También surgió como respuesta a antecedentes de contaminación minera, como el derrame de solución cianurada en la mina Veladero, operada por Barrick Gold, que afectó cursos de agua en San Juan, entre ellos el río Jáchal.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei y las provincias con fuerte actividad minera enfrentan la presión de un mercado internacional que impulsa la flexibilización de controles ambientales para acelerar inversiones. En paralelo, crecen las críticas por políticas de desregulación vinculadas a tierras en la Patagonia y por acuerdos en materia hídrica, como el firmado con la empresa estatal israelí Mekorot, cuestionado por sectores ambientales y sociales.
Argentina atraviesa una nueva encrucijada. Aunque la decisión final recaerá en el Congreso, la discusión trasciende fronteras. En Chile -que concentra alrededor del 80% de los glaciares de Sudamérica- el debate también enfrenta a comunidades, Estados y empresas mineras, tanto públicas como privadas, ante el riesgo de impactos irreversibles. En ambos lados de la cordillera, la tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental define no solo el presente, sino el futuro de la región.