El oficialismo decidió apretar el acelerador. La Libertad Avanza convocó para este viernes a las 10 a un plenario en el Senado para emitir dictamen de la reforma laboral y dejarla lista para su sanción definitiva el próximo 27 de febrero, apenas dos días antes de que Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias del Congreso. La estrategia es clara: llegar al 1° de marzo con una postal de triunfo legislativo.
La jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, acordó junto al presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, avanzar con el despacho incorporando el cambio que Diputados introdujo en el capítulo de licencias por enfermedad y accidentes de trabajo. El proyecto -que el propio Gobierno presenta como "Ley de Modernización Laboral"- introduce fuertes modificaciones en el sistema de convenios colectivos.
También hace cambios en la Ley de Asociaciones Sindicales, limita el derecho de huelga en los servicios públicos, crea un Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, reduce indemnizaciones y establece un banco de horas que habilita a no pagar horas extras. Para la oposición y el sindicalismo, se trata de una reconfiguración estructural en favor de los empleadores. La iniciativa había sido aprobada en el Senado por 42 votos a 30 cuando aún incluía dos artículos explosivos: el 44 y el 208, que recortaban el salario durante licencias médicas según el origen de la enfermedad o accidente.
El texto original contemplaba que, en casos de "conductas voluntarias de riesgo", el trabajador cobrara solo el 50% de su sueldo, y el 75% si la afección era ajena a su voluntad. También fijaba límites de tres o seis meses según tuviera personas a cargo y exigía un plazo mínimo de dos años entre episodios de enfermedades crónicas para habilitar un nuevo derecho a cobro. La reacción de bloques dialoguistas obligó a la Casa Rosada a recalcular.
Desde Balcarce 50 entendieron que era prioritario garantizar la aprobación general del paquete, aun al costo de resignar artículos sensibles. La eliminación de esos puntos restableció el esquema tradicional de pago íntegro del salario durante la licencia por enfermedad y dejó sin efecto los recortes previstos. Fue una concesión táctica: ceder en un capítulo para blindar el conjunto. El oficialismo apuesta ahora a que el Senado convalide los cambios introducidos por Diputados y convierta la reforma en ley antes del discurso presidencial. La media sanción en Diputados fue celebrada con una puesta en escena explícita.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, bajaron al recinto y festejaron junto a los legisladores libertarios y aliados los 135 votos afirmativos contra 115 negativos. Con el Presidente regresando de Estados Unidos, el Gobierno buscó mostrar cohesión interna y capacidad de construcción parlamentaria. También estuvo en el palco oficial Eduardo "Lule" Menem.
El oficialismo no solo quiere sancionar la reforma laboral. También aspira a aprobar el Régimen Penal Juvenil y avanzar con la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, además de abrir un nuevo frente con cambios en la Ley de Financiamiento Universitario. Este último punto surge tras un fallo judicial que obligó a aplicar la norma aprobada en 2024, algo que -según la Casa Rosada- podría afectar la meta de equilibrio fiscal.
De esta manera, la decisión es cerrar el período extraordinario con un paquete de reformas estructurales que consoliden el programa económico de Milei. Pero la velocidad legislativa contrasta con el nivel de conflictividad social y sindical que ya generó la reforma laboral en su paso por Diputados. Si el Senado ratifica el texto, el Gobierno sumará una victoria simbólica y material antes de la apertura de sesiones. Sin embargo, las críticas por la reducción de derechos, la flexibilización de condiciones laborales y la presión sobre bloques aliados anticipan que el conflicto no terminará con la promulgación.