En una sesión extensa y atravesada por ribetes escandalosos, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa obtuvo 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general y ahora deberá ser ratificada por el Senado, luego de que se eliminara el artículo 44 que establecía una rebaja salarial para trabajadores que sufran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.
El oficialismo logró blindar en la votación en particular los 26 títulos y 218 artículos del proyecto, incluidos puntos altamente controvertidos: la regulación de indemnizaciones y del Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.
La escena parlamentaria fue tan tensa como el clima social. Afuera, la CGT llevaba adelante un paro general; adentro, la sesión comenzó con 130 diputados aportados por La Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal, la UCR, el MID, Independencia, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. Gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), además de Hugo Passalacqua, Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, colaboraron para garantizar el quórum.
El debate arrancó con un fuerte cruce cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor. La decisión desató la indignación de Unión por la Patria, cuyos legisladores se precipitaron hacia el estrado para exigir que rectificara el procedimiento. Germán Martínez encabezó el reclamo, secundado por Paula Penacca, Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Horacio Pietragalla y Nicolás del Caño.
La tensión escaló aún más cuando Florencia Carignano apagó el micrófono del oficialista Carlos Zapata en pleno uso de la palabra. Más tarde, el peronismo intentó suspender la sesión al advertir la pérdida de quórum, pero con la ayuda de Silvana Giudici y Luis Petri, Menem logró evitar la caída del debate. El presidente de la comisión de Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la reforma y sostuvo que "el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad".
Abucheado por leer su discurso, afirmó que "hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de crear empleo genuino" y que "hoy el 55% de las personas están en la informalidad. Millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes vigentes sin aportes, sin obra social". Desde la vereda opuesta, el diputado Sergio Palazzo advirtió que, de aprobarse, habrá "una catarata de pedidos de inconstitucionalidad".
Según el líder de La Bancaria, el oficialismo "ha contrabandeado detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores". Alertó que la norma "liquida el derecho de huelga" y consumará "el vaciamiento más grande que puedan hacer del sistema previsional argentino que es el Fondo de Asistencia Laboral".
Vanesa Siley fue todavía más lejos y acusó a sectores peronistas que dieron quórum: "los chorros son los que se sentaron en el medio y dieron quórum, esos son los que ustedes compran". Y lanzó una frase de alto voltaje político: "A esta ley también la está atravesando una Banelco. Pero lo lamentable de esta nueva Banelco es que se hace a la luz del día, que son las cajas de las provincias".
Miguel Pichetto consideró que el sistema de convenios por empresa "es un error" y que "va a ser peor el sistema de los convenios por empresa. Eso es un grave error. La historia demuestra que los convenios por empresa terminan siendo negativos". Martín Lousteau sostuvo que "Argentina necesita una reforma laboral pero no es ésta", y cuestionó que mientras se dice que "no hay plata" para jubilaciones, sí haya recursos para "subsidiar despidos".
Desde la izquierda, Néstor Pitrola rechazó la premisa oficial: "No hay en el país problemas de costos laborales en un país donde la canasta de pobreza es 1.300.000 pesos y la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza". Y disparó: "Es una burrada y por eso van a fracasar". Myriam Bregman advirtió que la reforma "perjudica especialmente a las mujeres trabajadoras", poniendo el foco en el banco de horas.
Marcela Pagano afirmó que estaba a favor de una reforma, "pero no así", y alertó sobre el riesgo para la libertad de expresión ante la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. Máximo Kirchner fue tajante: se opone "porque va a fracasar" y porque "va a someter a los argentinos y a los más pibes a la patronal o al dueño de turno". Según señaló, otorgará a los empleadores "mucho más poder sobre sus empleados para poder despedirlos o destrozar su salario y el poder adquisitivo del mismo".
En el cierre, Germán Martínez advirtió que cuando el peronismo vuelva al poder "esta ley va a ser derogada inmediatamente". La calificó como "absolutamente anti obrera y tan absolutamente tan anti trabajador" y sostuvo que "no solamente no moderniza nada" sino que "es pre peronista" y "pre yrigoyenista". La iniciativa fue aprobada con el respaldo de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, un sector minoritario de Provincias Unidas y monobloquistas. En contra votaron Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, los tres miembros de Elijo Catamarca -que habían dado quórum- y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y Jorge Fernández. Hubo además divisiones internas, especialmente en Provincias Unidas, donde seis diputados, entre ellos Gisela Scaglia, Sergio Capozzi, José Núñez, Jorge "Colo" Rizzotti, Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo, acompañaron al oficialismo.
La columna de ausentes también fue determinante: los cordobeses Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, el tucumano Javier Noguera -quien había recibido presiones- y, por Unión por la Patria, Sergio Casas y Paulo Tita. El oficialismo ya convocó a un plenario de comisiones en el Senado para acelerar el dictamen y llevar el proyecto al recinto el 27 de febrero, en la antesala de la Asamblea Legislativa. La reforma laboral avanza así en medio de un país convulsionado y con la promesa explícita de la oposición de convertirla, más temprano que tarde, en una ley con fecha de vencimiento.