Lo único que les entra es la calle: por miedo a la movilización, el Gobierno dio marcha atrás con las universidades

Frente a la masiva movilización que se espera para el próximo martes en defensa de la educación pública, el Gobierno dio el brazo a torcer y dispuso de un aumento del 70 por ciento para las Universidades Nacionales y otro 70 por ciento para el mes de mayo.

La respuesta del Gobierno de Javier Milei llegó después de que los medios se hicieran eco de la crítica situación vivida por los estudiantes de todas las universidades del país, con el foco puesto en la Universidad de Buenos Aires.

• Bombita: si bien el Gobierno anunció el aumento de forma unilateral y pidió recién ahora una reunión con las partes, desde el Consejo Universitario Nacional le bajaron el precio al anuncio y ratificaron la movilización.

Clases públicas, facultades sin luces (producto del feroz tarifazo) y un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas terminaron por condicionar la agenda del Gobierno, que hasta ahora no venía dando respuesta alguna a todos los reclamos de las distintas casas de estudios.

A continuación, el comunicado completo del Gobierno: 

De acuerdo a lo previsto por el Gobierno Nacional se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661.

Se realizará una reunión en la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el Comité Ejecutivo del CIN (Consejo Universitario Nacional) para conversar sobre cómo, juntos, avanzaremos, en los cambios que la sociedad reclama, al mismo tiempo que nos comprometemos a lograr una educación universitaria de calidad. 

Se acordó avanzar en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales, tal como indica el artículo 2 de la Ley de Educación Superior N°24.521, en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes.

Los rectores de las universidades nacionales públicas nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) habían solicitado al Ejecutivo nacional "mayores canales de dialogo para llegar a un consenso sobre la realidad que vive el sistema educativo universitario" y expresaron que la situación es "grave" por el recorte presupuestario.