La tensión alrededor de las Islas Malvinas sumó dos movimientos simultáneos. Por un lado, la Justicia en lo Penal Económico recibió una denuncia por posible contrabando contra empresas pesqueras que operarían en el Atlántico Sur bajo licencias británicas. Por otro, el Reino Unido confirmó que renovará los aviones de combate desplegados en el archipiélago.
La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio contra directivos, administradores y representantes de compañías pesqueras internacionales y, según el escrito, las firmas explotarían recursos pesqueros que la Argentina considera propios mediante permisos otorgados por autoridades británicas de las islas.
Los abogados sostienen que las empresas estarían capturando recursos vivos en zonas comprendidas dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina, para luego exportarlos, trasbordarlos o descargarlos sin pasar por los controles de la Aduana nacional. En una de las frases más contundentes de la presentación, afirmaron: "Las llamadas 'licencias de pesca', en realidad, son verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio ictícola de la República Argentina".
Para los denunciantes, esas operaciones podrían configurar el delito de contrabando porque las compañías "extraerían riqueza soberana del territorio argentino" y evitarían la fiscalización nacional. La presentación invocó los artículos 863, 864 inciso a) y 865 del Código Aduanero, vinculados con la obstrucción del control aduanero, la exportación clandestina y distintas circunstancias agravantes.
Además de apuntar contra las empresas, los abogados pidieron investigar si hubo responsabilidad de funcionarios argentinos por "omisión de vigilancia, patrullaje. También solicitaron que se analice si existió falta de control sobre buques que operarían bajo licencias británicas o directamente sin autorización argentina.
Para avanzar, pidieron que la Prefectura Naval Argentina y el INIDEP entreguen los reportes de avistaje e identificación de las flotas pesqueras vinculadas con las empresas denunciadas. También reclamaron que la Dirección General de Aduanas informe si esas firmas exportaron capturas o pagaron aranceles, y que la Inspección General de Justicia releve sus vínculos con filiales y activos en el continente.
La presentación incluye además un pedido para que, si corresponde, los directivos sean citados a declaración indagatoria y se dicten medidas cautelares sobre los buques y los activos comerciales que las empresas tengan en la Argentina.
Londres reemplazará sus aviones en las islas
En paralelo, el Reino Unido confirmó que renovará parte de su despliegue militar en Malvinas. A fines de noviembre y comienzos de diciembre de 2027, reemplazará los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 asignados al escuadrón 1435 Flight de la RAF por cuatro Typhoon Tranche 2.
El dato fue publicado por UK Defence Journal a partir de una respuesta parlamentaria del ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard. La pregunta había sido formulada por el diputado conservador Ben Obese-Jecty, quien consultó qué medidas tomaría el Gobierno británico cuando los aviones actuales fueran retirados del servicio.
Pollard respondió que "los cuatro aviones Typhoon Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur serán reemplazados por cuatro Typhoon Tranche 2 de la flota existente durante la rotación prevista para fines de noviembre e inicios de diciembre de 2027".
Cabe recordar que la decisión aparece después de los anuncios de Javier Milei sobre sanciones a empresas petroleras que operen en la zona y sobre la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Así, mientras la Justicia argentina analiza una denuncia por la extracción de recursos pesqueros bajo licencias británicas, Londres actualiza sus capacidades militares en el archipiélago: Malvinas vuelve a quedar atrapada entre una disputa por la soberanía, la explotación económica y una demostración de fuerza que eleva todavía más la tensión.