La Cámara alta vuelve a encender la tensión política en la antesala del recambio legislativo. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado inició el debate por los diplomas de los legisladores electos el 26 de octubre, pero uno de ellos se convirtió en epicentro del escándalo: el pliego de la rionegrina Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, enfrenta una fuerte resistencia que podría impedirle jurar. La mirada de las bancadas se enfoca en las impugnaciones contra la actual diputada nacional, señalada por sus presuntos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico "Fred" Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos.
Según el expediente parlamentario, el PJ de Río Negro denunció "inhabilidades morales, éticas y constitucionales" derivadas de causas judiciales en curso y "condenas previas al sufragio electoral", además de acusaciones posteriores a la elección, lo que -según el texto- "constituyen inhabilidades absolutas para el ejercicio de cargos públicos electivos". El documento es contundente al cuestionar la conducta de Villaverde: "Las cuales vulneran el orden público electoral, los principios republicanos de la democracia representativa y la idoneidad exigida por el artículo 16 de la Constitución Nacional".
La senadora electa quedó bajo el foco mediático tras el caso que involucró al diputado libertario José Luis Espert y a Fred Machado. En ese entramado, Villaverde aparece ligada no solo políticamente sino también por relaciones personales: tiene un vínculo muy cercano a Claudio Cicarelli, "primo hermano y socio de Machado". Pero las acusaciones no se detienen ahí. Salieron a la luz antecedentes penales en Estados Unidos, donde "fue detenida dos veces y condenada por contrabando de droga". Además, fue denunciada en Río Negro por "irregularidades en el financiamiento de su campaña".
También fue acusada por la emisión de "facturas truchas con las que pretendieron quedarse con 154 millones de pesos". El PJ provincial profundizó esa línea en su pedido formal: Villaverde tiene un "pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador", según firmaron los apoderados Manuel Castañeda y Juan Manuel Madariaga. De los 24 pliegos a tratar, solo uno tiene impugnaciones: el de Villaverde. El resto de los 23 ya contaría con dictamen favorable.
La Comisión está integrada por 19 miembros, de los cuales 8 pertenecen al PJ, pero hay aliados de otros bloques dispuestos a votar contra la libertaria. Entre ellos, el radical fueguino Pablo Blanco, quien advirtió que votará en contra porque "no reúne los requisitos morales". También se espera el respaldo de la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri. El oficialismo intentó contraatacar con impugnaciones contra los peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria, pero fueron rechazadas de inmediato.
Las presentaciones, según trascendió, "tenían cantidad de desprolijidades" y no lograron pisar fuerte. La estrategia de Unión por la Patria es clara: impedir la firma del dictamen habilitante y bloquear la jura del 28 de noviembre. Incluso si la Comisión firma un dictamen de rechazo, la batalla final se dará en el recinto. Ese día, con los senadores nuevos y los que continúan en funciones, se deberá votar si Villaverde está en condiciones de asumir.
El reglamento es explícito: el Senado debe incorporar a los electos salvo aquellos con impugnaciones pendientes. La pulseada promete escalar, porque para La Libertad Avanza no es solo una banca: es una figura cercana al círculo político de Karina Milei y un símbolo interno del armado libertario. Mientras avanza el proceso institucional, las denuncias por narcotráfico, lavado y corrupción rodean a Villaverde, y parte del Congreso intenta evitar que esas sombras lleguen al recinto con rango de senadora nacional.