Cada 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, una fecha que busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas que atraviesan las juventudes y ayudar a desarrollar su potencial como protagonistas de la sociedad actual.
En este marco, BigBang dialogó con Matías Alejandro Romero, director y productor audiovisual, trabajador legislativo, activista defensor de la Agenda 2030, director del Archivo VIH Sida Argentina y colaborador en Incidencias y Juventudes de Family Planning 2030.
Romero remonta la conversación a 2013, cuando en Montevideo se sentaron las bases del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, una de las hojas de ruta más ambiciosas de América Latina y el Caribe. Allí, por primera vez, se reconoció a las infancias, adolescencias y juventudes como etapas cruciales de la vida, con acceso pleno a derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos: "El Consenso proporciona un marco para el desarrollo de políticas públicas que garanticen los derechos de las juventudes, que promuevan su bienestar y que les permitan construir un futuro más justo y equitativo", señala. Para él, aquel fue un momento clave, aunque advierte que hoy, en Argentina, esos avances están bajo amenaza directa por el desfinanciamiento y el retroceso en políticas públicas.
Cabe recordar que cuando se habla de Agenda 2030, se trata de un plan de acción adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas específicas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. A diferencia de los antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda 2030 aborda de manera integrada las dimensiones económica, social y ambiental, y se basa en principios de derechos humanos, igualdad de género, justicia social y sostenibilidad.
Romero es contundente: "La situación de la juventud en Argentina es de retroceso por la falta de voluntad del Gobierno Argentino". Una afirmación que se comprueba con cada decisión que Javier Milei tomó desde que asumió: cierre del Instituto Nacional de Juventudes, desfinanciamiento de las becas Progresar, eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente y del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Estos recortes no son aislados; responden a la lógica de ajuste que el presidente Milei defiende como "necesaria" para equilibrar las cuentas, pero que, en los hechos, desarma los cimientos de derechos conquistados. La consecuencia inmediata es que miles de jóvenes pierden el acceso a herramientas y recursos para proyectar su futuro.
Mientras tanto, en el plano global, el Fondo de Población de las Naciones Unidas advierte sobre una "crisis de derechos" que se traduce en cifras concretas: la tasa de fecundidad en Argentina descendió a 1,4 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para el reemplazo generacional. "La inestabilidad económica, el encarecimiento de los costos de vida, el acceso a la salud y al empleo, sumado a crisis y desastres ambientales, llevan a las juventudes a decidir no formar una familia, al menos por ahora", explica el activista.
Educación sexual: una generación condenada a la omisión
Uno de los puntos más alarmantes que señala Romero es la ausencia de Educación Sexual Integral (ESI): "Hoy en día creo que el mayor proveedor de Educación Sexual Integral es la Inteligencia Artificial", afirma con ironía y preocupación. La falta de inversión y voluntad política deja a una generación entera sin contenidos básicos para el ejercicio de su sexualidad de forma libre, segura y responsable. Algunos gobiernos provinciales intentan sostener programas, pero "son una gota en el mar", advierte.
Las consecuencias del desfinanciamiento son aún más graves para ciertos grupos: personas con discapacidad, comunidades rurales, juventudes LGBTI+, mujeres en situación de pobreza, jóvenes con VIH o en situación de calle. Romero recuerda un caso reciente en el que un adolescente que vive con VIH fue discriminado en su escuela y la Fundación Huésped tuvo que intervenir. Además, denuncia que las juventudes trans y no binarias quedaron sin acceso garantizado a hormonas, tras el traspaso de esa responsabilidad del Estado nacional a las provincias, muchas de las cuales no están cumpliendo.
La amenaza global y el rol de los Estados
El activista también advierte sobre el impacto internacional del cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que financiaba tratamientos para personas con VIH, atención a migrantes y asistencia alimentaria en crisis humanitarias. "Si la financiación estadounidense se interrumpe permanentemente y no se sustituye, se estima que entre 2025 y 2029: 4,2 millones de personas morirán de sida y 6,6 millones se infectarán", cita Romero desde ONUSIDA. Frente a este panorama, insta a que los Estados asuman sus obligaciones y financien con recursos propios el desarrollo de sus comunidades.
Pese al contexto adverso, Romero destaca el papel de la sociedad civil y las juventudes organizadas: el acceso a servicios de salud amigables, la educación sexual basada en evidencia y la participación ciudadana en el monitoreo de la Agenda 2030 son, para él, estrategias clave.
Estrategias y resistencia
Acerca de las estrategias de movilización que están funcionando para que la voz de las juventudes llegue a los espacios de toma de decisión, Romero subraya: "Las redes sociales movilizan las voces de las juventudes, considero que las ganas de participar existe entre las juventudes de todas las provincias y países, lo complicado es que existan los recursos para que se haga realidad".
En este contexto, confirma que es difícil con el cierre del Instituto Nacional de Juventudes y el desfinanciamiento de la Agenda 2030 de parte de la Cancillería Argentina, lo que empuja a los activistas a buscar apoyo en la cooperación internacional, en las ONG y a que cada vez más jóvenes se involucren como voluntarios para adquirir experiencia en el ámbito de la comunidad internacional.
Desde su rol en Family Planning 2030, Romero impulsa capacitaciones como la "ola joven" para formar voceros juveniles que defiendan los derechos sexuales y reproductivos. Además, lidera iniciativas de comunicación desde Family Planning News Network, con la que viajará a Colombia para producir un documental y participar en la Conferencia Internacional de Planificación Familiar.
Sobre Family Planning News Network, explica: "Somos una red diversa de periodistas, personas influyentes, reporteros comunitarios y creadores de contenido comprometidos a informar sobre el poder de la salud y los derechos sexuales y reproductivos". En un país donde el gobierno nacional recorta presupuestos y desmantela instituciones, las palabras de Matías Alejandro Romero funcionan como advertencia y llamado a la acción: la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y de la planificación familiar no es solo un asunto de salud, sino de democracia, equidad y futuro para toda una generación.