El Gobierno de Javier Milei volvió a avanzar en su plan de desregulación económica, esta vez sobre el sistema educativo. A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, la administración libertaria derogó el decreto 2417/1993 que regulaba los aranceles de los colegios privados y obligaba a las instituciones a comunicar con anticipación los montos de matrícula y cuotas a las familias, así como a obtener el aval estatal para sus modificaciones.
Con esta decisión, las escuelas privadas ya no deberán informar con antelación los valores que cobrarán ni requerir la aprobación del Estado para fijar sus tarifas. El decreto firmado por Milei, Manuel Adorni y Sandra Pettovello sostiene que el régimen anterior "presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país".
En la práctica, la medida significa que las instituciones educativas podrán aumentar las cuotas en cualquier momento del año, sin previo aviso a las familias ni necesidad de autorización. El Gobierno justificó la desregulación bajo el argumento de que "la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica".
Según el texto oficial, "exigir a los establecimientos la presentación de los montos de las cuotas y de la matrícula con anticipación limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado". En línea con el ideario libertario, el decreto subraya que "el principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado".
El Ejecutivo llegó incluso a plantear que el control estatal perjudicaba a las familias: "El requerimiento de los establecimientos de comunicar los montos con anticipación crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal". La argumentación oficial omite, sin embargo, el impacto real que la eliminación de controles tendrá sobre los hogares que dependen de la educación privada -más del 25% de los alumnos del país-, en un contexto de inflación acumulada y pérdida de ingresos.
Hasta ahora, el decreto derogado establecía que las instituciones debían notificar los valores antes del 31 de octubre del año anterior y acordar con los padres o tutores cualquier modificación. En caso de desacuerdo, se mantenían los valores vigentes. Ese sistema, vigente desde 1993, buscaba dar previsibilidad a las familias y evitar aumentos sorpresivos. Para el oficialismo, en cambio, se trataba de un esquema "anticuado" que "constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos". En su defensa, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que el nuevo modelo busca "decirle chau a los saltos exorbitantes".
Incluso, afirmó que la regulación anterior "obligaba a los colegios a fijar aumentos anticipados que debían mantenerse durante todo el año, lo que generaba subas sobredimensionadas en marzo". Según su versión, la medida "favorece un entorno más libre, equilibrado y sustentable" para las instituciones. Desde las cámaras del sector privado celebraron el decreto, que venían reclamando desde comienzos de año. Representantes de colegios privados de todo el país estaban solicitando este cambio. O al menos así lo reconoció Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa),e n diálogo con La Nación.
Pero mientras las asociaciones empresariales aplauden la liberalización del mercado educativo, las familias y docentes enfrentan un escenario incierto. Sin topes, sin plazos y sin control estatal, los colegios podrán ajustar sus precios de acuerdo al "mercado" y no a las necesidades sociales. En un país donde la inflación acumulada supera el 150% anual y los salarios docentes siguen rezagados, la medida puede traducirse en un golpe directo al bolsillo de las clases medias. El Gobierno, que ya había eliminado subsidios y fondos de apoyo educativo, avanza ahora en la desprotección de un sistema que debería garantizar la igualdad de oportunidades.