El Gobierno de Javier Milei habilitó la consulta pública para un cambio estructural en la política energética: un nuevo esquema único y focalizado de subsidios residenciales que, lejos de ampliar derechos, estrecha el acceso, aumenta la proporción del gasto que asumirán los usuarios y apunta directamente a reducir el déficit a costa del bolsillo doméstico. Desde 2026, el país dejará atrás la segmentación actual (N1, N2, N3), el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas para adoptar un sistema binario: hogares subsidiados y hogares sin subsidio. Nada más. La simplificación, presentada como eficiencia administrativa, implica en los hechos una reducción masiva del universo protegido, dado que el nuevo umbral -ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales- se vuelve más restrictivo que el esquema vigente.
Hoy, tres CBT significan $3.641.397 mensuales: un techo que deja afuera a una enorme franja de trabajadores formales, monotributistas y familias que, sin ser ricas, superan por poco ese número pero no pueden afrontar tarifas sin bonificación. El equipo económico no oculta el verdadero objetivo: "consolidar la disciplina fiscal". En otras palabras, achicar el gasto. La meta es llevar los subsidios energéticos al 0,5% del PBI en 2026, lo que implica seguir recortando una partida que ya cayó abruptamente durante el primer año de gestión libertaria.
Según proyecciones oficiales, los usuarios deberán cubrir en promedio el 76% del costo eléctrico y el 79% del gas, una transferencia directa desde los hogares hacia las empresas generadoras y productoras. El anuncio ocurre, además, en un contexto peculiar: funcionarios celebran "menor tensión política" después de la última victoria legislativa de La Libertad Avanza, una señal explícita de que aprovechan la estabilidad parlamentaria para empujar medidas impopulares que antes evitaban. El nuevo diseño recorta la cobertura temporal del gas y reduce los bloques subsidiados de electricidad.
Para los beneficiarios se prevé un 50% del costo en las etapas de mayor demanda, con montos aún menores el resto del año. En gas, entre abril y septiembre habrá un alivio parcial; entre octubre y marzo, ninguno. En electricidad, los topes serán de 300 kWh en meses pico y apenas 150 kWh en temporadas templadas, cifras que para muchos hogares resultan insuficientes. Quienes superen esos consumos pagarán la totalidad al precio pleno, en un contexto donde los valores mayoristas pasarán a exhibirse sin subsidios indirectos: 3,80 dólares por millón de BTU en gas y 75 dólares por MWh para electricidad.
Es decir, un sinceramiento que eleva la vara del costo energético mientras la mayoría de los salarios siguen corriendo desde atrás. El Gobierno destaca la "depuración" del padrón y la detección de 2,59 millones de casos que no cumplirían requisitos, incluyendo solicitudes de fallecidos o beneficiarios en barrios privados. Aunque esas irregularidades deben corregirse, el Ejecutivo utiliza esas cifras para justificar un viraje generalizado hacia un modelo mucho más restrictivo, que impactará también sobre sectores vulnerables que no están en condiciones de pagar tarifas plenas.
Incluso para los hogares más pobres, el alivio no será homogéneo. En invierno -cuando el consumo sube por necesidad básica- la ayuda cubriría apenas una parte del aumento real. El propio Gobierno estima que el 80% de los hogares de menores ingresos pagará hasta 34.000 pesos solo por gas en el mes más frío, y 38.000 pesos por electricidad en el pico estacional. Valores que, en la práctica, devoran buena parte de ingresos ya erosionados. La transición hacia el nuevo esquema será "gradual", pero incluso esa gradualidad está diseñada para decrecer: habrá un plus del 25% de subsidio en enero de 2026 que se irá evaporando mes a mes hasta desaparecer.
Lo hará en diciembre, es decir, un año entero de aumentos programados donde el Estado acompaña menos y los usuarios pagan más. Mientras tanto, se promete que en el verano no habrá cortes "generalizados", aunque se admite la persistencia de fallas en redes deficitarias. En pocas palabras: tarifas más caras sin garantías de un mejor servicio. Por otro lado, el Gobierno también aplicará nuevos precios para la demanda de energía eléctrica de cara al verano 2026. Según se informó hoy en el Boletín Oficial mediante la Resolución 488/2025 , se fijaron los nuevos precios para la demanda de energía, el período comenzará el 1° diciembre próximo y finalizará el 30 de abril de 2026. La Resolución, con firma de la secretaria energética María Tettamanti, establece que, durante ese período, se aplicarán los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).