La pelea entre el gobierno de Javier Milei y las universidades públicas entró en una etapa decisiva. La Corte Suprema de Justicia ya quedó en condiciones de resolver la causa por la Ley de Financiamiento Universitario, en un expediente que se transformó en uno de los principales focos de conflicto político y judicial de la gestión libertaria. El caso enfrenta al Ejecutivo nacional con el sistema universitario luego de que la Casa Rosada decidiera resistir la aplicación de la ley aprobada por el Congreso, que obliga al Estado a actualizar automáticamente las partidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento de las universidades, recomponer salarios docentes y no docentes y sostener becas, infraestructura y hospitales universitarios.
Después de que tanto la primera como la segunda instancia judicial fallaran a favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar frenar la ejecución de la norma. En Balcarce 50 argumentan que aplicar algunos artículos podría generar un "grave e irreparable perjuicio" sobre las cuentas públicas y afectar el equilibrio fiscal que Milei convirtió en bandera política.
Ahora, con el expediente elevado al máximo tribunal, la Corte tiene dos caminos posibles: rechazar directamente el planteo del Gobierno o avanzar hacia una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. Si desestima la apelación oficial, quedará firme la resolución que obliga al Ejecutivo a transferir los fondos reclamados por las universidades. La definición judicial llega en medio de una nueva escalada del conflicto universitario. Este martes, rectores, docentes, investigadores, estudiantes y sindicatos realizaron la cuarta Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país para denunciar el deterioro presupuestario y exigir el cumplimiento de la ley.
Durante la movilización, las universidades apuntaron con dureza contra el Gobierno y también enviaron un mensaje directo a la Corte Suprema. "No permita que el Gobierno siga incumpliendo la Ley de Financiamiento", reclamaron en un documento conjunto leído frente a Plaza de Mayo. El texto, firmado por el CIN y respaldado por federaciones gremiales docentes y no docentes, describió un escenario crítico para el sistema universitario nacional. "El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República", manifestaron.
Y señalaron: "Ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato". Además, advirtieron que el conflicto ya excede la cuestión presupuestaria. "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho", remarcaron.
Las universidades también denunciaron una fuerte caída de las transferencias nacionales desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Según detallaron, desde diciembre de 2023 "se ha perdido el equivalente a casi nueve meses de transferencias", mientras que las partidas para gastos de funcionamiento "no han superado en ningún mes el 64% de lo que representaban en enero de 2023". La situación salarial aparece como otro de los puntos más sensibles.
En el documento presentado durante la marcha, los gremios afirmaron que desde 2024 el Gobierno cerró las paritarias y provocó "un deterioro alarmante del poder adquisitivo", acompañado por "renuncias de cuadros formados, reducción de dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales". Los números expuestos por las universidades reflejan la magnitud del ajuste.
Mientras la inflación acumuló un 293,30% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los salarios universitarios aumentaron apenas un 147,30%, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%. "Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas", alertaron. La movilización contó con la presencia de rectores, federaciones docentes, organizaciones estudiantiles, investigadores científicos y centrales sindicales como la CGT y las dos CTA. También participaron dirigentes opositores, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
En paralelo, la comunidad científica denunció atravesar "una situación límite" producto del desfinanciamiento y la caída salarial, en un escenario donde cada vez más investigadores abandonan el sistema público por falta de recursos y perspectivas.