La falta de humanidad de los sectores más acaudalados del país se evidencia en la situación de los carpinchos que viven en Nordelta, el centro tigrense que nuclea 29 barrios privados y que ostentan el nivel de vida más alto de la región. Allí, gracias a la decisión de la jueza María Paula Venere, se rehabilitaron las obras que afectan los ecosistemas autóctonos y volvieron las fumigaciones y los métodos de control poblacional, en medio de la temporada de partos.
Las imágenes de las crías pequeñas muertas y en plena agonía por el estado de envenenamiento que acarrean, generó un fuerte repudio en las redes sociales y entre la población local que defiende la vida de esta especie que tanto rechazo genera entre otro sector de habitantes del complejo que los prefieren muertos a ver sus jardines "atacados" por estos animales que se caracterizan por ser pacíficos.
La jueza Venere, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de San Isidro, revocó tres medidas cautelares que había dictado el juez Guillermo Ottaviano para impedir las obras que afecten los humedales donde los carpinchos prosperan desde antes de que llegue el hombre. Además, hasta que fueron revertidos recientemente, tampoco se podían aplicar métodos de control poblacional o de castración química, ni realizar fumigaciones que puedan afectar esos ecosistemas.
Para Venere, el sostenimiento de las cautelares de Ottaviano significaban "adoptar un criterio antagónico al proceso de trabajo conjunto y coordinado que desarrolla en la causa original". En ese sentido, más allá de los vaivenes judiciales y sanitarios, fueron los vecinos quienes pusieron el grito en el cielo ante la matanza intencional de los carpinchos locales y denunciaron el envenenamiento voluntario de las zonas donde se crían.
"Seguimos viendo cada vez menos manadas y menos bebés", confirmaron a Ámbito quienes se preocupan por la vida de esta especie en Nordelta. El levantamiento de las cautelares puso en pie de alerta a quienes defienden a los carpinchos y su libre reproducción y circulación en la zona. De acuerdo a lo denunciado, se "dejó a los carpinchos y a toda la fauna de Nordelta en peligro porque las obras se retomaron a toda velocidad y los violentos tomaron impulso sintiendo que esto los habilita para el maltrato". La solicitud es para que la Justicia intervenga y vuelvan las cautelares para "cuidar la vida de los carpinchitos que están naciendo en esta época".