El sistema de salud argentino atraviesa una transformación silenciosa, pero cada vez más visible: mientras las empresas de medicina prepaga aplicaron aumentos siderales desde la llegada de Javier Milei al poder, cientos de miles de personas quedaron fuera de la cobertura privada y tuvieron que volver a depender exclusivamente de hospitales públicos que, además, enfrentan problemas de financiamiento y ajuste presupuestario. Los números son contundentes. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado en base a datos del INDEC, las prepagas acumulan un incremento del 417% desde el inicio de la actual gestión nacional.
En el mismo período, la inflación fue del 293%, muy por debajo de las subas aplicadas por las compañías de medicina privada. El impacto social ya se refleja en las estadísticas oficiales. De acuerdo con el relevamiento, la población con obra social, prepaga, mutual o algún servicio de emergencia cayó del 67,5% en el segundo trimestre de 2023 al 65,4% en el segundo trimestre de 2025. Detrás de esos 2,1 puntos porcentuales hay una realidad mucho más dura: 742.000 personas dejaron de tener cobertura médica y pasaron a depender exclusivamente del sistema sanitario público.
En este contexto, el informe advirtió: "La población que solo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosándose en 742.000 personas". La radiografía expone un fenómeno que golpea especialmente a las clases medias, históricamente sostenidas por el empleo formal y las obras sociales. Pero el deterioro del mercado laboral también empezó a empujar a miles de familias fuera del sistema. Desde el IAG remarcaron que esta situación ocurre en un "contexto en el que se perdieron 206 mil empleos registrados, desde noviembre de 2023".
Además, agregaron que "no sorprende que menos personas cuenten con obra social". La combinación entre salarios deteriorados, despidos, precarización laboral y cuotas cada vez más inaccesibles generó un efecto de expulsión progresiva. Muchas familias comenzaron primero por bajar de plan, luego eliminar prestaciones y finalmente abandonar la cobertura privada porque el costo mensual se volvió imposible de sostener. Mientras tanto, el sistema público absorbe una demanda creciente en medio de restricciones presupuestarias, demoras y reclamos de financiamiento.
El propio informe subrayó la contradicción central del modelo económico impulsado por el Gobierno: "El gobierno de Javier Milei que tenía como objetivo achicar el Estado para que creciera el sector privado paradójicamente después de dos años deja cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública". La tensión ya se siente en hospitales y centros de atención. En los últimos meses, distintas instituciones sanitarias advirtieron sobre la falta de recursos para sostener prestaciones esenciales.
Entre ellas, los hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires reclamaron la aplicación urgente de la ley de financiamiento y alertaron que sin fondos no podrán garantizar la continuidad de la atención médica. De esta manera, mientras las empresas de medicina privada continúan incrementando cuotas por encima de la inflación y el empleo formal sigue en retroceso, cada vez más personas golpean la puerta de un sistema público que debe atender más demanda con menos recursos.