Pobreza y vaciamiento
05 Mayo de 2026 09:51
La crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario sumó este martes una advertencia estremecedora: los hospitales de la Universidad de Buenos Aires podrían dejar de funcionar en cuestión de semanas por la falta de financiamiento del Gobierno nacional. En una conferencia de prensa realizada frente al Hospital de Clínicas José de San Martín, directores de los hospitales universitarios denunciaron que la administración de Javier Milei mantiene paralizada la transferencia de fondos destinados al funcionamiento operativo de los centros de salud dependientes de la UBA.
La advertencia fue contundente y dejó expuesto el nivel de deterioro que atraviesa el sistema. "El dinero que puede ingresar por lo que sea cobro de obras sociales o alguna entidad de medicina prepaga debe ser utilizado específicamente y exclusivamente para gastos de emergencia, de insumos, medicamentos", explicó el Dr. Norberto Lafos, director del Instituto Lanari. Y lanzó: "Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto, que nos asignen el presupuesto, que nos adeudan, porque de seguir esto así, como bien remarcaban mis colegas, en un mes y medio no sé si vamos a poder seguir prestando la atención de los pacientes".
La escena refleja una situación crítica que ya no impacta solamente en las universidades, sino también en uno de los sistemas hospitalarios públicos más importantes del país. Los seis hospitales universitarios de la UBA atienden más de 700 mil consultas anuales y son además espacios clave para la formación de médicos, enfermeros y profesionales de la salud. "Imagínense que los insumos en medicina están dolarizados y así todo, siguen aumentando", remarcó Lafos.
Y añadió: "Cualquiera de ustedes, en forma personal o compañeros de un familiar, cuando van a una farmacia se quedan estupefactos de los costos. Imagínense lo que son los costos hospitalarios multiplicados, a lo mejor, por varias veces más, 20 o 30 veces más". El reclamo apunta directamente al Gobierno nacional, al que acusan de incumplir tanto la Ley de Financiamiento Universitario como la Ley de Presupuesto vigente.
Según denunciaron las autoridades universitarias, el Presupuesto 2026 contempla una partida específica de 80 mil millones de pesos para hospitales universitarios. Sin embargo, el Ejecutivo no transfirió los fondos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril, acumulando una deuda cercana a los 20 mil millones de pesos. Ese dinero debía destinarse al pago de servicios básicos, mantenimiento, medicamentos, equipamiento e insumos indispensables para sostener la atención sanitaria.
La situación afecta al Hospital de Clínicas, al Instituto Roffo, al Instituto Lanari, al Vaccarezza, al Hospital Odontológico Universitario y al Hospital Escuela de Veterinaria. Pero el problema no termina en la falta de presupuesto operativo. Los directores también denunciaron un derrumbe salarial que golpea de lleno a médicos, enfermeros, residentes y trabajadores esenciales. "Todo el sistema de salud, y sobre todo en las partes de los hospitales, tenemos un problema con el salario, un retraso salarial de más del 50%", sostuvo el Dr. Marcelo Melo, director general del Hospital de Clínicas.
El médico describió un escenario alarmante: "Ustedes piensen que si la línea de pobreza está para una familia en $2.000.200, el porcentaje altísimo, el 70, 80% de la gente que trabaja en el hospital, cobra por debajo de esa línea". Los números que detalló exponen el deterioro salarial en el sistema público universitario: "Los médicos residentes que tienen dedicación exclusiva cobran un millón y medio, los enfermeros cobran un millón cien, la gente administrativa y la gente de limpieza cobra un millón". "A veces nos exigen tener una salud digna, un estado de salud o una universidades que sean ejemplares, pero obviamente que la parte salarial no acompaña a esas exigencias", agregó.
La denuncia pública se da en un contexto de creciente conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales. Mientras docentes universitarios realizan medidas de fuerza por salarios y presupuesto, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases y presentar planes de contingencia para evitar la interrupción académica. En paralelo, el Ejecutivo continúa resistiendo la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por amplia mayoría en el Congreso y ratificada posteriormente por la Justicia.
La tensión volverá a trasladarse a las calles el próximo 12 de mayo, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y los gremios docentes convoquen a una nueva Marcha Federal Universitaria. Uno de los dirigentes que salió con más dureza contra el Gobierno fue Emiliano Yacobitti. "Celebramos que por primera vez el Ministerio de 'Capital Humano' reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación", ironizó.
Y luego profundizó sus críticas: "El Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario".
