La Justicia federal de Lomas de Zamora allanó en las últimas horas las oficinas de Fernando Julián Martínez, actual director del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de una investigación por presuntos vínculos espurios con empresas proveedoras de alimentos en mal estado para los detenidos del penal de Ezeiza. El operativo, ordenado por el juez Federico Villena, destapó algo más que irregularidades administrativas: dejó al descubierto un negocio millonario montado sobre la degradación humana. La causa investiga una presunta "cartelización" del servicio de alimentación carcelaria, que habría operado mediante empresas pantalla para eludir sanciones judiciales previas.
Según el expediente, el Servicio Penitenciario permitió que, tras la prohibición a Food Rush, otra firma -Biolimp- continuara prestando el mismo servicio con los mismos camiones, los mismos empleados y una facturación cruzada que, para la Justicia, configura una fachada. El allanamiento tuvo un momento clave que encendió todas las alarmas. Martínez intentó eludir el secuestro de su teléfono celular. Primero entregó un aparato viejo, en desuso. Luego, intimado a presentar el dispositivo que utiliza habitualmente, aseguró haberlo "extraviado" esa misma mañana.
Un informe técnico contradijo su versión: la última señal del celular impactó en una antena de Barracas apenas una hora antes del procedimiento. Para el juez, la sospecha es directa: el funcionario habría sido alertado y destruyó el aparato para ocultar pruebas. La investigación no nació en un despacho sino en los pabellones. Desde 2016, decenas de detenidos presentaron habeas corpus denunciando la pésima calidad de la comida en Ezeiza. Uno de ellos es Rubén C., quien estuvo tres años detenido en el pabellón LGBT del módulo 5. "Nos daban polenta con salsa blanca sin carne ni pollo, fideos con una salsa roja incomible, manzanas en compotas podridas literalmente. Y cuando se recibía pollo o carne, era máximo 60 gramos, a veces el cogote o la carcaza de pollo. Y la carne era pura grasa o cartílago", relató en diálogo con Infobae.
Las denuncias fueron tantas que Villena unificó todas en una sola causa, que derivó en 2024 en la prohibición a Food Rush S.A. de seguir operando. Sin embargo, lejos de mejorar, el servicio continuó siendo "denigrante". "En varias oportunidades las comidas llegaban en mal estado o con algún 'cuerpo extraño' como clavos, cucarachas, mechones de pelo o cintas con las que se atan las hojas de acelga", contó Rubén. Los peritajes oficiales confirmaron lo que los presos venían denunciando.
La ANMAT detectó que las viandas no cumplían con el Código Alimentario Argentino y no eran aptas para consumo humano por superar los máximos admitidos de bacterias como Escherichia coli. También se hallaron Listeria monocytogenes y Bacillus cereus. "Su presencia en alimentos sugiere una falta general de higiene en el manejo de los mismos o un almacenamiento inadecuado", señala uno de los informes incorporados al expediente.
El contraste con el dinero en juego resulta obsceno. Según fuentes judiciales, la empresa adjudicataria factura 17 mil pesos por cada plato. Son tres por día, por persona. Con unos 2.000 internos, el negocio ronda los 102 millones de pesos diarios y más de 37 mil millones al año. En dólares, unos 24,8 millones anuales. "A pesar de que 17 mil pesos es lo que cuesta en promedio un menú ejecutivo en cualquier cantina de la Ciudad de Buenos Aires, la calidad no está ni cerca de una alimentación digna", señalan.
La degradación no se limita a la comida. Familiares denunciaron que la mala provisión obliga a comprar alimentos en la cantina del penal a precios inflados. Otros relataron problemas con medicamentos esenciales. "Sé de presos que tomando el medicamento de 'cuidado' de stents se les han tapado las arterias por la calidad de los medicamentos que les dan en el penal", contó un familiar. "Esta semana vi que estaban repartiendo la comida en una ambulancia", agregó otro testimonio.
Villena incluso decidió probar las viandas. Al día siguiente sufrió una descompensación que describió como un cuadro "vomitivo". La Justicia entiende que no se trata solo de mala calidad, sino del incumplimiento sistemático de dietas médicas, con riesgo directo para la vida de personas privadas de su libertad. En ese contexto, el rol del director del SPF aparece bajo la lupa. Martínez asumió en marzo de 2024, designado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y quedó al frente de un organismo que volvió a la órbita de Seguridad. Otro dato inquietante: el funcionario se movilizaba en una camioneta a nombre de Enrique "Quique" Antequera.
Se trata de un referente de la feria La Salada y prófugo de la Justicia. Aunque la fiscal Cecilia Incardona pidió la nulidad del allanamiento, Villena cuenta con el respaldo de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En Tribunales, una definición se repite: "Es una mafia interna enquistada hace muchos años. Villena se está metiendo en la boca del lobo". La imagen final es devastadora. Comida con bacterias, presos enfermos, millones de pesos en juego y un funcionario que prefiere "perder" su teléfono antes que entregarlo a la Justicia. Detrás de los muros de Ezeiza, el castigo parece ir más allá de la condena judicial.