¡Justicia!
26 Diciembre de 2025 16:48
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero por las "lesiones graves y gravísimas" que provocó al fotoperiodista Pablo Grillo durante la represión policial del 12 de marzo, en el marco de una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados.
Este fallo, firmado por los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, establece un precedente importante en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas represivas comandadas en aquel momento por Patricia Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad.
El tribunal basó su decisión en un análisis exhaustivo de pruebas, incluyendo videos, fotos de medios de comunicación y registros incorporados a la causa. Según la resolución, Guerrero efectuó al menos seis disparos con un lanzador de gases lacrimógenos en posición horizontal hacia los manifestantes entre las 17:00 y las 17:22 horas.
Uno de estos disparos, identificado como el "disparo 4", impactó en la cabeza de Pablo tras atravesar una estructura de madera, causándole lesiones graves. Los peritajes médicos y técnicos confirmaron que el proyectil no perdió velocidad ni trayectoria tras atravesar las maderas en las que estaba agazapado el trabajador de prensa.
Aunque la defensa argumentó que el arma utilizada no permitía apuntar con precisión y que los proyectiles tenían trayectorias erráticas, la Cámara rechazó esta postura. Los jueces consideraron que estas características incrementaban el deber de cuidado del cabo Guerrero, ya que disparar un dispositivo de baja precisión en dirección horizontal hacia una multitud aumentaba significativamente el riesgo de causar daños graves.
Además, se apoyaron en el manual del fabricante del arma, que prohíbe explícitamente disparar cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra personas debido a los riesgos letales asociados.
La resolución también subrayó que Guerrero actuó en contradicción con las normas internas que restringen el uso de este tipo de armamento a situaciones excepcionales y bajo estrictas condiciones de seguridad. En este sentido, los magistrados concluyeron que el cabo conocía tanto las características del arma como los reglamentos aplicables, pero disparó de manera negligente y consciente, configurando así un caso de dolo eventual.
En palabras textuales del fallo judicial, Guerrero fue imputado como "autor penalmente responsable del delito de lesiones gravísimas, agravadas por abuso de su función como miembro integrante de una fuerza de seguridad, en concurso real con el de abuso de armas agravado por abuso de su función como miembro integrante de una fuerza de seguridad". Además, se ordenó un embargo por $35.000.000 sobre sus bienes.
Este caso también incluyó un fallo dividido que confirmó el procesamiento del prefecto Sebastián Martínez por otro incidente durante la misma protesta, en el cual resultó herido un hincha que recibió un disparo en el ojo izquierdo.
