La política tarifaria del gobierno de Javier Milei sigue poniendo a prueba la economía de los hogares. A partir de este miércoles, las facturas de luz y gas en todo el país vuelven a incrementarse, con subas que oscilan entre el 1,9% y el 3,1% según la empresa distribuidora y la región. Aunque los porcentajes parecen moderados, se suman a un proceso de aumentos acumulados que en menos de dos años llevó a que la canasta de servicios públicos creciera tres veces más que la inflación.
Las resoluciones de los entes reguladores establecieron un aumento del 3,07% en el Costo Propio de Distribución de Edesur y del 3,13% en el de Edenor, mientras que Enargas dispuso un ajuste del 2,6% en el gas. A estos incrementos se agregan el recargo del 7% en el precio del gas natural en boca de pozo (Plan Gas.Ar) y la actualización de valores como el transporte en alta tensión, que en octubre trepó 7,12%. El resultado es contundente: según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA), desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, la canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó 526%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor lo hizo 164%.
En lo que va de 2025, la canasta ya acumula un 24% de aumento, superando nuevamente a la inflación (21%). El impacto sobre los hogares es evidente: un promedio sin subsidios en el AMBA destina hoy $173.625 mensuales solo para cubrir energía, agua y transporte. El transporte es el rubro que más presiona, con un incremento interanual del 33% y un peso del 43% sobre el gasto total en servicios públicos. La electricidad aumentó 18%, el agua 23% y el gas natural también 23%.
El informe advierte que las tarifas representan ya el 11,1% del salario promedio registrado ($1.564.013), lo que implica que un trabajador formal apenas puede comprar nueve canastas de servicios con su sueldo, contra menos de ocho un año atrás. Aunque el Estado sigue cubriendo en promedio el 50% de los costos, la disparidad entre segmentos y servicios genera aún más desigualdad. En definitiva, la política de "sinceramiento tarifario" impulsada por el gobierno se traduce en un ajuste constante sobre los bolsillos de los usuarios. Los aumentos no solo deterioran el poder adquisitivo, sino que atentan contra el bolsillo y multiplica los costos básicos de la vida cotidiana.