El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores estatales sumó este martes un nuevo capítulo de alta tensión. En el marco del Paro Nacional convocado por Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las primeras protestas comenzaron en los aeropuertos de Bariloche y El Calafate, marcando el inicio de una jornada que combina reclamos salariales, denuncias por ajuste y un fuerte impacto en servicios públicos en todo el país.
La medida, que registra un alto nivel de adhesión, tiene como eje central la exigencia de reapertura inmediata de paritarias para la Administración Pública Nacional, con el objetivo de recomponer ingresos que, según el propio gremio, se deterioraron drásticamente en los últimos dos años. La participación de trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en ATE, introduce un factor crítico: la posible alteración del funcionamiento aerocomercial. Si bien no se trata de controladores aéreos, su rol en tareas administrativas, inspecciones y coordinación operativa puede traducirse en demoras y cancelaciones de vuelos.
Desde el gremio fueron claros: el conflicto salarial "lleva meses sin resolverse" y el Gobierno "no tiene voluntad política" para encontrar una salida. Con la conciliación obligatoria ya vencida, ATE se considera en libertad de acción y decidió profundizar el plan de lucha. En la Ciudad de Buenos Aires, la protesta tiene como epicentro la zona de Costa Salguero, con movilización hacia el Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizó una conferencia de prensa con dirigentes nacionales. En paralelo, se replican acciones en organismos estratégicos como el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Cabe destacar que este último también quedó afectado por el anuncio de recortes impulsados por el ministro Federico Sturzenegger. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sintetizó el clima del conflicto con declaraciones de alto voltaje político. "Tenemos que aprovechar este momento porque la sociedad nos empieza a dar la razón. Quedaron atrás la campaña de desprestigio y la estigmatización sobre el empleo público. Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis y que los recortes sobre el Estado no beneficiaron a nadie, sino que se tradujeron en una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad", afirmó.
En la misma línea, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei: "Mientras los trabajadores estamos en el país esperando respuestas y un aumento salarial, el presidente se hace el cantante en Israel. Ya no soportamos más las payasadas y los papelones de Milei. Se terminó". Y dejó una advertencia que marca el tono de lo que viene: "Si no hay plata para los trabajadores, no habrá paz para el Gobierno. La conflictividad va a escalar y no será nuestra responsabilidad". El trasfondo del paro es económico. Según ATE, los aumentos acordados en el último período paritario -con la firma del gremio UPCN- ya quedaron 5,4 puntos por debajo de la inflación.
En ese marco, los trabajadores estatales acumulan una pérdida superior al 44% de su poder adquisitivo durante la actual gestión. El deterioro no se limita al salario. El sindicato denuncia un proceso más amplio de desfinanciamiento y reestructuración del Estado, con eliminación de funciones, recortes presupuestarios y despidos en distintos organismos. Un informe del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) refuerza ese diagnóstico: estima que cada trabajador del sector público perdió en promedio $11.917.049 en los últimos dos años, mientras que en el sector privado la caída asciende a $2.274.545.
En total, la pérdida de ingresos de los asalariados se calcula en 58 billones de pesos durante el actual gobierno. Durante el paro, solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en sectores críticos, mientras que múltiples servicios se ven afectados: recolección de residuos, educación, migraciones, controles sanitarios, transporte y hasta el mantenimiento de áreas sensibles como plantas nucleares.
En organismos como PAMI y ANSES, la atención quedó reducida a emergencias, reflejando el alcance transversal de la medida. La medida fue definida por el Consejo Directivo Nacional de ATE y forma parte de un plan de acción más amplio que incluye asambleas, movilizaciones y protestas en todo el país. Desde el gremio ya anticiparon que evaluarán nuevas acciones frente a cualquier intento del Ejecutivo de profundizar el ajuste, avanzar en despidos o desmantelar áreas del Estado.