por Alejo Paredes
21 Abril de 2026 08:22
En medio de una crisis política atravesada por denuncias de corrupción y con fallos judiciales que le ordenan aplicar una normativa que hoy incumple, el Gobierno nacional decidió avanzar con una reforma profunda del sistema de discapacidad. El proyecto, titulado "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", ingresó por el Senado y propone modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, desarmando varios de sus ejes centrales.
La iniciativa se presenta mientras todavía resuena el escándalo que derivó en la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en cuya órbita se investigan presuntas coimas que salpican a funcionarios de alto rango. En ese contexto, el discurso oficial que apela a la transparencia aparece tensionado por una realidad judicial que expone posibles maniobras de corrupción dentro del propio sistema que ahora se pretende reformar.
El corazón del proyecto apunta a restringir el acceso a las pensiones. Se plantea la derogación de artículos clave de la ley vigente -los que garantizan la universalidad de las prestaciones- y un retorno a un esquema basado en la invalidez laboral. Es decir, ya no se consideraría un enfoque amplio de discapacidad, sino únicamente la imposibilidad total de trabajar como condición para acceder a la ayuda estatal. En términos concretos, esto implica una reducción del universo de beneficiarios.
A la par, se establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Quienes no completen el trámite en los plazos estipulados enfrentarán la suspensión automática del beneficio y su eventual baja. El procedimiento incluye la presentación de documentación médica, socioeconómica y laboral, junto con auditorías cruzadas entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS. Incluso se habilita la suspensión "preventiva" ante inconsistencias detectadas, lo que en la práctica podría dejar sin ingresos a personas en situación de vulnerabilidad antes de que se resuelvan sus casos.
Otro de los puntos más controvertidos es la incompatibilidad absoluta entre pensión y empleo formal. De aprobarse, una persona con discapacidad no podrá mantener el beneficio si accede a un trabajo registrado. La medida no solo endurece las condiciones actuales, sino que también elimina incentivos para la inclusión laboral, al suprimir programas que promovían la contratación de personas con discapacidad por parte de empresas.
En paralelo, el proyecto modifica el esquema de prestaciones. Elimina el nomenclador único que fijaba valores homogéneos en todo el país y desregula la negociación entre prestadores, obras sociales y prepagas. Este cambio amenaza con fragmentar el sistema, debilitando el principio de equidad que garantizaba iguales coberturas independientemente de la capacidad económica o del subsistema de salud al que pertenezca cada persona.
Las organizaciones del sector advierten que se trata de un giro estructural. Desde Córdoba, el referente Leandro Ator cuestionó el nombre del proyecto por "demonizar al colectivo" y denunció que la iniciativa "quita derechos" y rompe con el principio de universalidad. Según explicó, el sistema vigente -respaldado por la Ley 24.901- garantizaba acceso a prestaciones para todas las personas con discapacidad, sin distinción de recursos económicos.
El nuevo enfoque, en cambio, abre la puerta a una lógica de mercado: quien pueda pagar, accederá; quien no, quedará relegado. El Gobierno justifica la reforma en el crecimiento de las pensiones por invalidez en las últimas décadas. Sin embargo, desde el sector señalan que esa narrativa forma parte de una estrategia recurrente en contextos de ajuste: instalar la idea de fraude para legitimar recortes. Los antecedentes, aseguran, no respaldan esa hipótesis de manera contundente.
La decisión de enviar el proyecto por el Senado responde a un cálculo político: allí el oficialismo considera tener mayores posibilidades de construir una mayoría. Aun así, el escenario está lejos de ser sencillo. La ley de emergencia en discapacidad, sancionada el año pasado, logró articular a sectores opositores y aliados circunstanciales, generando un costo político significativo para el Gobierno. La nueva avanzada reabre ese frente. En paralelo, el oficialismo vuelve a impulsar nuevas leyes mientras se dilata la aplicación de las vigentes. Ya ocurrió con el financiamiento universitario y ahora se replica en discapacidad. El resultado es una zona gris donde los derechos reconocidos por el Congreso y respaldados por la Justicia quedan en suspenso.
