Una nueva ampliación de denuncia en la Justicia federal volvió a colocar en el centro de la escena al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de la incorporación de documentación que podría profundizar una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones dentro de los medios públicos. El escrito, presentado por el abogado Gregorio Dalbón, sostiene que los nuevos elementos "aportan nuevos elementos de relevancia para el esclarecimiento de los hechos denunciados".
A su vez, traza un posible vínculo entre la Televisión Pública -dependiente de Radio y Televisión Argentina (RTA)- y la productora Imhouse S.A., asociada al periodista Marcelo Grandío, señalado como amigo personal del funcionario. El avance de la causa se produjo tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, que permitió acceder a contratos, transferencias y comprobantes de pago.
En ese marco, la denuncia describe la existencia de "un presunto esquema de contrataciones que habría operado de manera sistemática y creciente" durante la gestión de Adorni. Uno de los focos principales está puesto en seis contratos de coproducción firmados entre RTA e Imhouse S.A. Para el denunciante, el eje de la investigación pasa por determinar "si el funcionario benefició a su amigo con contratos en la Televisión Pública y si existió un presunto circuito de retornos".
A esto se suma un dato que refuerza las sospechas: la denuncia plantea que las contrataciones no habrían sido directas, sino instrumentadas mediante una triangulación para resguardar al periodista. "La contratación no fue directa, sino que se instrumentó mediante una triangulación a través de Imhouse S.A.", señala el texto, lo que habría permitido que el periodista no figurara formalmente dentro de la estructura estatal.
Otro capítulo relevante lo constituyen los movimientos bancarios. El expediente incluye diez transferencias realizadas por la empresa de Grandío a favor de Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, por un total de $1.670.900. La Justicia busca establecer "en concepto de qué fueron realizados esos pagos", ya que se registraron antes de que el funcionario asumiera su cargo. En paralelo, reaparece un episodio ya mencionado en la causa: un viaje a Punta del Este.
Según la presentación, parte de ese traslado "fue concretado por Imhouse S.A.", lo que contradice la versión pública de Adorni, quien había asegurado haber afrontado personalmente los gastos. La denuncia también pone el foco en la evolución de los contratos. De acuerdo con el escrito, se observa "la evolución ascendente de los montos a lo largo del tiempo", que pasaron de cifras globales por ciclos completos a valores por capítulo considerablemente más altos.
El dato adquiere relevancia en un contexto de recortes presupuestarios en los medios públicos, donde la reducción de recursos convive con el aumento de contrataciones bajo modalidades que ahora están siendo investigadas. Para Dalbón, el conjunto de pruebas permite advertir "prima facie la posible configuración de un esquema de beneficio indebido", en el que un funcionario habría favorecido a un allegado mediante contratos con un organismo bajo su órbita. En esa línea, la presentación califica la situación como "un cuadro de máxima gravedad institucional que exige ser esclarecido con toda la profundidad que el caso amerita". Entre las medidas solicitadas figuran pedidos de información a RTA, al organismo recaudador ARCA y a las empresas involucradas, además de la citación a declaración indagatoria de Adorni.