A partir del 1º de abril, una nueva batería de aumentos comenzará a regir sobre los principales gastos de los hogares, configurando un escenario que vuelve a tensionar el bolsillo en un contexto de inflación que se resiste a perforar el piso del 3%. Lejos de tratarse de ajustes aislados, las subas alcanzan de manera simultánea al transporte público, los servicios energéticos, el agua, la medicina prepaga, los alquileres y la educación privada, en una dinámica que refleja tanto la inercia inflacionaria como la decisión oficial de continuar con la reducción de subsidios.
El impacto es inmediato y transversal. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), viajar será más caro tanto en la Ciudad como en la provincia. Los colectivos bonaerenses subirán cerca de un 5%, con boletos mínimos que superarán los $870, mientras que en territorio porteño el piso se ubicará por encima de los $715. El subte, por su parte, alcanzará los $1.414 por viaje, consolidándose como el medio de transporte más caro del sistema. En paralelo, los peajes urbanos también se ajustarán, con valores que rozan los $6.000 en hora pico en las principales autopistas.
Detrás de estos incrementos aparece un esquema que se repite: actualizaciones mensuales atadas a la inflación más un adicional del 2%. Desde los gobiernos locales argumentan que este mecanismo evita "saltos bruscos" y permite sostener el sistema, pero en la práctica implica una aceleración constante por encima del índice general de precios. El resultado es que el transporte público ya alcanza valores cercanos a un dólar por viaje, en un país donde los ingresos siguen rezagados.
La presión no termina ahí. En abril también volverán a subir las tarifas de luz y gas, con nuevos cuadros para usuarios de ingresos altos y un esquema segmentado para quienes mantienen subsidios. A esto se suma un incremento del 4% en el servicio de agua, que llevará la factura promedio a casi $30.000 mensuales sin impuestos. Se trata de cifras que, acumuladas, redefinen el peso de los servicios básicos dentro del presupuesto familiar.
En el rubro salud, las empresas de medicina prepaga aplicarán subas cercanas al 3%, replicando el índice de inflación de febrero. El ajuste también impactará en los copagos, ampliando el costo de acceso a consultas y estudios médicos. Así, el sistema privado continúa trasladando de manera directa la evolución de los precios a los afiliados. El panorama se completa con los alquileres. Los contratos aún regidos por la antigua ley tendrán actualizaciones anuales superiores al 30%, mientras que los acuerdos más recientes -tras la desregulación del mercado- se ajustan con mayor frecuencia, muchas veces de forma trimestral, siguiendo el IPC.
Esto genera la pérdida sostenida de capacidad de pago de los inquilinos. También la educación privada suma presión. En la provincia de Buenos Aires, los colegios con aporte estatal aumentarán sus cuotas un 6,5%, en un contexto que las propias instituciones describen como crítico. Desde el sector advierten sobre caída de matrícula, aumento de costos y dificultades financieras que, según señalan, ya derivaron en cierres y endeudamiento para sostener el funcionamiento.
Frente a este cuadro, el Gobierno nacional ensaya medidas puntuales para contener uno de los precios más sensibles: el de los combustibles. En ese sentido, decidió no actualizar en abril el impuesto a los combustibles líquidos y habilitar un mayor corte de bioetanol en las naftas, con el objetivo de amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo en medio del conflicto en Oriente Medio. "No vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril. Por la suba del precio internacional del barril y para mitigar impacto en surtidor. Es una medida más para proteger al consumidor", señalaron desde la Secretaría de Energía.