El "superávit" bajo la lupa: el Gobierno pisa devoluciones de IVA y acumula deuda con exportadores

La situación de caja del Gobierno empieza a mostrar fisuras cada vez más difíciles de disimular. La caída interanual del 10% en la recaudación de febrero -que amenaza con repetirse en marzo- no solo enciende alarmas en términos de ingresos: también deja al descubierto una estrategia silenciosa pero de alto impacto, que consiste en postergar pagos que el Estado está obligado a realizar. El dato más elocuente surge de la propia planilla oficial: durante febrero de 2026, el casillero de "Devoluciones (-)" y "Reintegros (-)" del IVA aparece en cero. Un año atrás, esos mismos ítems registraban pagos por alrededor de 50.000 millones de pesos cada uno. 

No se trata de un tecnicismo contable, sino de una señal concreta de que el Estado dejó de devolver impuestos que ya habían sido abonados por las empresas exportadoras. El mecanismo es conocido. En Argentina, las exportaciones no tributan IVA, por lo que el impuesto pagado en la cadena productiva debe ser reintegrado. Cuando ese proceso se demora -o directamente se interrumpe-, el efecto es inmediato: las empresas pasan a financiar al Estado. 

Y cuando la demora se prolonga, ese crédito fiscal se transforma en deuda. Eso es exactamente lo que viene ocurriendo. En medio de la caída de la recaudación -que se desplomó 9,5% en febrero en términos reales- y la necesidad oficial de sostener el superávit fiscal, el Gobierno optó por acumular deuda con el sector exportador. Una deuda que no figura en los titulares, pero que crece mes a mes.

Desde el sector no dudan en ponerle nombre a la situación. "Esto es un default comercial. El Estado nos debe impuestos que ya pagamos y ahora pretende patearlos dos años", lanzó un empresario agroexportador, sintetizando el malestar que atraviesa a toda la cadena productiva. La tensión no es nueva. Ya en noviembre, el Ministerio de Economía Luis Caputo había ensayado una salida que fue leída como una admisión implícita del problema: ofreció dolarizar los créditos fiscales acumulados, aunque con una condición clave, esos instrumentos recién podrían utilizarse a partir de 2027. En otras palabras, reconocer la deuda, pero diferir su pago en el tiempo.

Lejos de calmar las aguas, la medida profundizó la desconfianza. Para las empresas, el mensaje fue claro: el Tesoro no tiene liquidez para afrontar sus compromisos en efectivo. El impacto es directo sobre la competitividad. "Que queden los saldos detenidos implica un costo financiero que se termina trasladando a las exportaciones", explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, en diálogo con el portal Infobae. 

En un contexto de actividad en retroceso y márgenes cada vez más estrechos, ese costo adicional puede marcar la diferencia entre exportar o no hacerlo. La preocupación se agrava ante la posibilidad de que el Gobierno replique con los exportadores el mismo esquema que analiza para la deuda con las constructoras: cancelar obligaciones mediante bonos en lugar de efectivo. Un mecanismo que, de confirmarse, implicaría institucionalizar la falta de pagos.

En paralelo, la parálisis en las devoluciones también genera efectos colaterales sobre las provincias. Al tratarse de un impuesto coparticipable, la demora en los reintegros impacta en la masa de recursos que reciben los distritos. Según estimaciones, los gobernadores ya perdieron cerca de un billón de pesos en el primer bimestre. "Resulta llamativo que el Gobierno busque mejorar el vínculo con los gobernadores a costa de perjudicar a un sector que dice querer beneficiar", cuestionó el diputado Guillermo Michel.

El cuadro se completa con otro dato inquietante: hace siete meses que los ingresos del Estado caen en términos reales. En ese escenario, las "maniobras" para sostener el equilibrio fiscal se vuelven cada vez más evidentes. Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no hubo explicaciones sobre la interrupción de los pagos ni sobre cuándo se normalizará la situación. Mientras tanto, fuentes del sector advierten que en marzo la situación se repitió: "En febrero no se cobró nada y hasta la semana pasada en ARCA no tenían nada aprobado para pagar por marzo". Lo cierto es que la paciencia empresarial tiene fecha de vencimiento. 

El próximo 1 de abril, cámaras del sector presentarán un reclamo conjunto ante el Ministerio de Economía para exigir una solución inmediata. Sobre la mesa aparecen distintas alternativas -desde la reactivación de bonos hasta mecanismos de compensación-, pero todas parten de un mismo diagnóstico: el Estado está incumpliendo. De esta manera, detrás del relato de orden fiscal, empieza a asomar la verdad: el superávit, celebrado como ancla de la política económica, se sostiene en parte sobre pagos que no se hacen. Y cuando el ajuste deja de ser solo una variable presupuestaria para convertirse en deuda encubierta, el costo es productivo, financiero y político.