El gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei presentó los principales lineamientos del Presupuesto 2027 con una promesa conocida: equilibrio fiscal, superávit financiero y una economía que, finalmente... despegaría. La hoja de ruta prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación promedio del 18%, una suba del salario promedio del 25,4% y un dólar promedio de $1.847,60.
También estima exportaciones de bienes y servicios por más de US$130.000 millones y un superávit comercial superior a US$15.000 millones. El problema es que el presupuesto no se lee solamente en los discursos de Luis Caputo: se lee en las partidas concretas y en quién recibe más recursos mientras quiénes quedan condenados a esperar.
El mayor bloque corresponde a los Servicios Sociales, que concentrará el 74,7% del gasto de la Administración Nacional, equivalente a $150,9 billones. Dentro de esa finalidad, la Seguridad Social absorberá $119,1 billones, el 58,9% del presupuesto total, para jubilaciones, pensiones y asignaciones.
También se prevén $21,5 billones para políticas específicas de niñez y adolescencia, equivalentes al 10,6% del gasto total. Son las partidas más voluminosas, pero no necesariamente implican una mejora real para jubilados, familias y beneficiarios.
Las universidades nacionales recibirán $7,349 billones. El proyecto, además, habilita a Capital Humano de Sandra Pettovello a "interrumpir las transferencias de fondos a las casas de estudio que incumplan con el envío de información de gestión" y establece que los aumentos salariales se apliquen sobre las plantas vigentes a noviembre de 2026.
Defensa Nacional y Seguridad Interior sumarán $9.533.386 millones. El esquema incluye el Plan ARMA, que reinvierte el 10% de los ingresos por privatizaciones y el 70% de las ventas de activos militares en equipamiento, además de autorizar endeudamiento para adquirir tres submarinos convencionales por US$2.300 millones y dos fragatas multimisión por US$1.200 millones.
Las partidas, de mayor a menor
- Servicios Sociales: $150,9 billones, el 74,7% del gasto de la Administración Nacional
- Seguridad Social: $119,1 billones, el 58,9% del presupuesto total
- Políticas de niñez y adolescencia: $21,5 billones, el 10,6% del gasto total
- Universidades nacionales: $7,349 billones
- Defensa Nacional y Seguridad Interior: $9.533.386 millones
- Vicejefatura de Gabinete y asuntos con las provincias: $973.426 millones, un aumento del 138%
- Cupos fiscales promocionales: más de $580.000 millones
- Promoción de la Economía del Conocimiento: $400.000 millones
- Comisión Nacional de Energía Atómica —CNEA—: $298.526 millones, apenas 0,2% más que este año
- Comisión Nacional de Actividades Espaciales —CONAE—: $194.169 millones, una reducción del 6,6%
- Transferencias de capital a provincias y municipios: 153.342 millones, una baja del 3,3%
- Régimen de Autopartismo: $130.000 millones
- Devolución de IVA en bienes de capital: hasta $40.000 millones
La partida que más crece en términos relativos es la Vicejefatura de Gabinete (de Ignacio Devitt y Gustavo Coria junto a Diego Santilli) de que recibirá $973.426 millones, un aumento del 138%. En un año electoral, el área vinculada con los asuntos provinciales tendrá $565.569 millones adicionales bajo su control, una cifra que abre interrogantes sobre el manejo discrecional de recursos para gobernadores e intendentes.
La ciencia aparece entre las grandes perdedoras. La CNEA recibirá $298.526 millones, apenas un 0,2% más que este año, lo que implica una caída real frente a la inflación. La CONAE contará con $194.169 millones, un 6,6% menos que en 2026. En ambos organismos, los trabajadores ya denunciaron vaciamiento y desfinanciamiento.
La obra pública tampoco sale beneficiada: el Gobierno prevé la baja o rescisión de 1.683 obras sobre una cartera revisada de 2.339 proyectos. Además, más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales pasarán a la Red Federal de Concesiones privadas, con mantenimiento mediante peajes y sin subsidios estatales.
El presupuesto también autoriza la emisión de Letras del Tesoro por hasta $72 billones e instrumentos de deuda de corto plazo por $15 billones. A eso se suma un aumento del 53% en los intereses de la deuda, una de las partidas que crecerá por encima de la inflación acumulada.
El Gobierno informa un aumento nominal del gasto público del 25% respecto del presupuesto vigente, pero el detalle muestra el verdadero reparto: más deuda, más seguridad, más fondos para áreas políticas y menos recursos reales para ciencia, universidades, obras y provincias. El Presupuesto 2027 promete una Argentina "ordenada": el problema es que, en ese orden, al laburante le toca poner el cuerpo, pagar las cuentas y esperar que algún día el crecimiento deje de ser una promesa.