La llamada "modernización laboral" escondía una consecuencia concreta: menos plata para el sistema sanitario argentino. El proyecto debatido en el Congreso proponía reducir del 6% al 5% el aporte patronal destinado a las obras sociales. En términos reales implicaba un recorte cercano al 13% de los ingresos que financian prestaciones médicas. Al mismo tiempo, se sumaba una baja del 3% en contribuciones a distintos subsistemas de la Seguridad Social. El argumento oficial era aliviar costos laborales. El efecto previsible era otro: debilitar el financiamiento de la salud en un contexto donde los gastos médicos crecen más rápido que los salarios.
Argentina funciona con tres pilares sanitarios: el sistema público, la seguridad social (obras sociales y PAMI) y el privado. Son vasos comunicantes: cuando uno se debilita, la demanda no desaparece sino que migra. Mario Koltan, presidente de la Cámara Tucumana de Empresas de Salud, lo resumió: "Cuando el financiamiento privado y de la seguridad social se debilita, la demanda no desaparece: se traslada. Y ese traslado ocurre hacia el hospital público".
En otras palabras: la rebaja de aportes patronales iba a terminar como mayor presión sobre hospitales estatales ya golpeados por el ajuste presupuestario. El supuesto alivio al empleo se convertía así en gasto sanitario indirecto. Lo cierto es que el sistema de salud arrastra tensiones estructurales previas a cualquier reforma. Seis de cada diez habitantes dependen de obras sociales o prepagas. Poco más de tres de cada diez sólo tienen hospital público. Y cinco empresas concentran el 70% del mercado privado.
En ese contexto, los prestadores vienen denunciando una ecuación imposible: costos que suben, pagos que llegan tarde y aranceles atrasados. Juan Manuel Ibarguren, secretario general de CAMEOF, describe el mecanismo: "Cobrar a 60, 90 o más días en la Argentina no es una cuestión administrativa: es una transferencia silenciosa de recursos desde quienes producen salud hacia quienes la financian".
Los números lo muestran: mientras la inflación acumulada rondó el 31,5%, las prepagas aumentaron cuotas cerca de 27%, pero trasladaron apenas alrededor de 12% a clínicas y médicos. El sistema ya estaba desfinanciado antes del recorte. El proyecto además incorporaba un Fondo de Asistencia Laboral financiado con el 3% de la masa salarial para cubrir indemnizaciones por despido. Es decir: menos costo directo para la empresa, pero también menor responsabilidad individual frente al trabajador. La reforma cambiaba la lógica del contrato laboral y, simultáneamente, reducía el financiamiento sanitario que depende justamente del empleo registrado. La iniciativa finalmente no avanzó en esos términos, pero dejó expuesto el enfoque económico: reducir costos empresariales aun cuando el impacto recaiga sobre servicios esenciales.