12 Febrero de 2026 10:54
En una jornada que será recordada más por la violencia en las calles que por el debate democrático, el Senado dio media sanción a una reforma laboral impulsada por el oficialismo, bajo la dirección Javier Milei con el ideólogo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Con 42 votos a favor, el proyecto avanzó en medio de un clima de tensión social y represión policial que dejó imágenes de una democracia herida. Mientras tanto, el ministro celebraba lo que calificó como un "día histórico" para el país.

"Es un día histórico, es la primera vez desde el retorno a la democracia que logramos un proyecto vastísimo. Vamos a ver en detalle cómo se cambia la vida de los argentinos y cómo cambia este problema que tenemos, que la mitad de los trabajadores son informales y que hace una década que no se crea trabajo formal", afirmó Sturzenegger en declaraciones a radio Mitre. Sin embargo, lejos de ser un avance para los derechos laborales, esta reforma parece consolidar un modelo de flexibilización y desprotección para la clase trabajadora.
El ministro detalló las tres principales líneas de la reforma: el "carancheo", la negociación salarial y laboral, y lo que denominó "la industria del juicio". Este último punto fue uno de los más polémicos, ya que según Sturzenegger, "el tema del juicio no tiene tanto que ver con el monto de las indemnizaciones, que es un mes por cada año trabajado, eso no se toca, sino que en los juicios se incrementaba significativamente. Tenías que actualizar el monto y los jueces fallan como si hubieses invertido en Bitcoin", dijo trivializando la problemática de los litigios laborales.

La reforma también introduce cambios significativos en las indemnizaciones. Aunque el ministro insiste en que "no se tocan" los montos establecidos por ley, la posibilidad de pagarlas en seis cuotas para grandes empresas y en 12 para Pymes es una clara ventaja para el sector empresarial en detrimento de los empleados despedidos. Según Sturzenegger, esto no es una obligación, sino una "opcionalidad" diseñada para aliviar a las empresas. Sin embargo, esta medida deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad económica inmediata tras perder su trabajo.
Otro de los puntos destacados por Sturzenegger es la supuesta modernización de las relaciones laborales para adaptarlas a las "nuevas demandas" del mercado: "En paralelo, se generan muchas maneras de ajustar la modalidad laboral a lo nuevo. A veces la relación laboral no es eso estricto de 8 a 17, la gente busca más libertad y flexibilidad", señaló el ministro.

La reforma legaliza prácticas como la división de las vacaciones en múltiples bloques, siempre y cuando exista un acuerdo entre empleador y empleado. Según Sturzenegger, "hoy la gente no quiere necesariamente tomarse las vacaciones en bloques. Este proyecto te permite hacerlo como quieras con un acuerdo conjunto con el empleador".
De manera similar, la implementación de bancos de horas para compensar jornadas laborales también genera preocupación. Si bien Sturzenegger asegura que "las horas extras siguen existiendo y se siguen pagando", lo cierto es que esta medida podría abrir la puerta a abusos por parte de las empresas, permitiéndoles evitar pagar horas extra bajo el pretexto de compensaciones horarias.

El término "carancheo", utilizado repetidamente por el ministro durante sus declaraciones, es otra muestra de cómo el discurso oficial busca deslegitimar a ciertos actores del sistema laboral. Según Sturzenegger, este concepto engloba a quienes "se benefician de la relación laboral", incluyendo al Estado por la carga impositiva y a los gremios por los aportes sindicales. En este sentido, la reforma establece un tope del 2% para las contribuciones sindicales, una medida que debilita a las organizaciones gremiales en su rol de defensa de los trabajadores.
Por otro lado, la centralización de la negociación salarial a nivel nacional también levanta alarmas. Sturzenegger argumentó que "esta ley es la federalización del trabajo porque permite la diversidad". Sin embargo, al eliminarse las negociaciones por rama o región, se corre el riesgo de imponer condiciones salariales homogéneas que no reflejan las realidades económicas y sociales específicas de cada área del país.
En cuanto a las licencias por enfermedad, la reforma introduce cambios preocupantes. Ahora, el empleador solo estará obligado a pagar el 75% del sueldo durante el período de licencia por enfermedad laboral y apenas el 50% si se trata de un accidente relacionado con actividades voluntarias fuera del trabajo. Según Sturzenegger, "esto apunta a la reducción de las licencias eternas".
La reforma laboral presentada como un logro histórico por el Gobierno no parece ser más que un nuevo capítulo en el avance hacia la precarización del trabajo en Argentina. Bajo la fachada de modernización y flexibilidad, se esconde un modelo que prioriza los intereses empresariales por encima de los derechos laborales conquistados durante décadas.

En medio de un contexto social marcado por protestas masivas y represión violenta, esta reforma no solo pone en jaque al mundo del trabajo, sino también a los principios democráticos fundamentales. Si algo quedó claro en esta jornada histórica —aunque no por las razones que celebra Federico Sturzenegger— es que los trabajadores argentinos enfrentan tiempos lúgubres e inciertos.

