La mañana comenzó con un estruendo que no fue de bombas, sino de bocinazos. A las 7, manifestantes de izquierda ya ocupaban la Avenida 9 de Julio a la altura del Obelisco. Minutos después, la intersección de Corrientes y 9 de Julio quedó completamente bloqueada. Automovilistas sorprendidos, colectivos varados y una ciudad paralizada en el corazón de su arteria principal. Frente a ellos, efectivos de la Policía de la Ciudad. Cara a cara. Sin intermediarios. Se registraron corridas mientras los agentes intentaban liberar el Metrobús y los carriles centrales, y trasladar a los manifestantes hacia la Plaza de la República.
La protesta se da en el marco del tratamiento en el Senado de la Reforma Laboral, una de las apuestas centrales del presidente Javier Milei, que el oficialismo quiere convertir en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. En la Casa Rosada trabajaron contrarreloj para blindar la votación. En la calle, la respuesta fue inmediata. Antes del caos en el microcentro, el conflicto tuvo otro escenario: la autopista Panamericana. Trabajadores de FATE y organizaciones de izquierda bloquearon casi por completo el ramal Tigre a la altura de Uruguay, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.
La medida de fuerza duró poco más de una hora, en medio de un fuerte operativo de Gendarmería. Hubo demoras kilométricas. Finalmente, tras negociaciones y presión policial, los manifestantes liberaron un carril. El corte fue la antesala de una serie de protestas coordinadas en puntos clave del área metropolitana: Congreso y Obelisco como epicentros de una jornada que promete escalar. Está previsto que las primeras columnas lleguen a Plaza Congreso a las 10 de la mañana, una hora antes del inicio del debate parlamentario. El perímetro delimitado por Avenida Entre Ríos, Rivadavia, Virrey Cevallos e Hipólito Yrigoyen amaneció bajo custodia.
El Gobierno dispuso un operativo de gran magnitud: cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad, brigadas de infantería, grupos motorizados, camiones hidrantes, ambulancias del SAME, bomberos y móviles para posibles detenciones. Desde la cartera de Seguridad advirtieron que "el protocolo antipiquetes se aplicará con toda firmeza", sin importar la masividad de la concentración. La escena repite una postal ya conocida en las últimas manifestaciones: vallados, escudos, gases preparados y una tensión que se respira incluso antes de que el Senado abra el debate.
La movilización fue convocada por el Frente Sindical Unidos (FreSU), integrado por la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, entre otros gremios. La columna principal partió desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso con una consigna clara: rechazar la reforma laboral y exigir mejoras salariales.
Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT) no acompañó la convocatoria. La conducción cegetista optó por no llamar a un nuevo paro general y concentrar su estrategia en una presentación judicial contra la ley en caso de que sea sancionada, algo que tanto oficialismo como oposición dan por descontado. El contraste dejó expuestas las diferencias tácticas dentro del sindicalismo. Mientras un sector apuesta a la presión en las calles, otro confía en la vía judicial.
Con la 9 de Julio cortada, la Panamericana colapsada y el Congreso blindado, la capital volvió a convertirse en el escenario físico de una disputa que trasciende lo legislativo. Manifestantes y fuerzas de seguridad se enfrentan cara a cara. La tensión anticipa no solo una sesión caliente dentro del recinto, sino la posibilidad de nuevos episodios de violencia, como ya ocurrió en protestas anteriores. La reforma laboral divide al país. El oficialismo busca consagrarla como un hito de modernización y competitividad. Los gremios la denuncian como un retroceso histórico en derechos laborales. Entre sirenas, escudos y banderas, el oficialismo avanza en el Congreso.