Norma Beatriz Watson, ex jefa de Tesorería del municipio de Pinamar, fue desvinculada tras quedar registrada en 11 videos retirando dinero de las arcas municipales y guardándolo en su cartera personal. Las imágenes, tomadas entre el 24 de enero y el 4 de febrero, muestran a la funcionaria, de 59 años y con más de tres décadas de carrera administrativa, realizando las maniobras durante su jornada laboral.
En las imágenes se la puede ver sentada en su escritorio, sacando los fajos de dinero y guardándolos en una cartera bordó. La cesantía fue ejecutada por decreto del intendente Juan Ibarguren, de madrugada y sin explicaciones públicas sobre cómo semejante maniobra pudo ocurrir durante tanto tiempo sin detección institucional. "Esto lo denunciamos en enero pasado y se hizo viral ahora porque administrativamente recién ahora logramos echarla... Está imputada por defraudación al Estado y toda la causa judicial está en marcha", declaró el jefe comunal en diálogo con Clarín.
Si bien las imágenes detonaron el escándalo, el expediente judicial no solo investiga la sustracción física del dinero. Según Infocronos, la pesquisa incluye: maniobras contables adulteradas, diferencias de caja, doble registración de ingresos y el uso irregular de una cuenta llamada "Ingresos Pendientes". Esa cuenta habría funcionado como un "colchón contable", clave para un presunto esquema de desvío sistemático de fondos. La suma del faltante que maneja la intendencia supera los siete millones de pesos, aunque la Justicia aún intenta determinar el monto total y el período del presunto desfalco que -según ambos medios- sería millonario.
Mientras la comunidad exige respuestas, el municipio apunta contra otros organismos estatales. El vocero del intendente, Diego Andrés Uribe, responsabilizó a la Fiscalía y a la Policía Federal por no detener a Watson al salir del edificio municipal, intentando desplazar el foco de los controles internos fallidos. Ibarguren sostuvo que desde el municipio actuaron "apenas se verificaron los movimientos sospechosos": "Se puso todo a disposición de la Justicia y quedó imputada. La vía administrativa llevó varios meses, y recién ahora pudimos concluirla y disponer su cesantía y desvincularla como corresponde".
Lo cierto es que la crisis se desarrolla en un contexto de tensión financiera local y cuestionamientos sobre la transparencia del gobierno municipal. La ex funcionaria negó haber robado fondos públicos y plantó una llamativa versión: las bolsas de dinero serían de su propiedad y se llevaba el efectivo por la "inseguridad en Pinamar". Su defensa cuestionó la validez de los videos y alegó que los llevaba por seguridad personal. La Junta de Disciplina municipal rechazó todos los descargos y avaló las pruebas presentadas. Mientras tanto, el expediente avanza y la ciudad mira incrédula las imágenes que ya dieron la vuelta al país.