La causa por el fentanilo contaminado que provocó al menos 90 muertes y dejó más de 40 personas afectadas sumó este viernes un nuevo capítulo, aunque lejos de despejar las dudas que rodean al escándalo sanitario, volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de los organismos estatales encargados de controlar a los laboratorios. Las ex funcionarias Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), fueron excarceladas por orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.
La decisión se tomó luego de pagar una caución de $75 millones cada una. La decisión no significa el cierre de la investigación ni mucho menos el fin de las sospechas sobre su actuación. Ambas continúan imputadas y quedaron sujetas a distintas restricciones: deberán entregar sus pasaportes, tienen prohibido salir del país y deberán presentarse periódicamente ante la Justicia. En el caso de Bisio, además, se estableció una prohibición de contacto con ex empleados y colegas de ANMAT e INAME.
El dato central del expediente es incómodo: la investigación intenta determinar si hubo funcionarios que, pese a conocer las irregularidades de determinados laboratorios, no actuaron con la rapidez necesaria para impedir que medicamentos potencialmente peligrosos llegaran al sistema sanitario. La hipótesis fiscal apunta directamente al funcionamiento de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García.
En el pedido de allanamiento, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que ambas empresas tenían un historial de irregularidades. Según consta en el expediente, los laboratorios "registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales". Pero la acusación va un paso más allá y pone el foco sobre el Estado. Para los investigadores, ese funcionamiento irregular habría sido posible por "la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad".
El resultado de esa presunta falta de controles fue especialmente grave: el fentanilo contaminado terminó siendo producido, comercializado y suministrado a pacientes internados, con un saldo de decenas de víctimas fatales. La sospecha que recae sobre las exfuncionarias es precisamente esa: que, por acción u omisión, pudieron haber contribuido a que los laboratorios siguieran funcionando pese a las advertencias existentes.
Uno de los elementos más sensibles de la investigación aparece en los chats incorporados al expediente. Según la información reunida por la Justicia, las autoridades de ANMAT contaban con un informe que recomendaba prohibir la producción, aunque finalmente la medida no se tomó de inmediato. En un intercambio del 26 de marzo de 2025, Bisio le escribió a Mantecón: "Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta".
La referencia a Mario, según las fuentes que accedieron a la declaración, apuntaría al ministro de Salud, Mario Lugones. Pero hay más. De acuerdo con lo declarado por Mantecón Fumadó, Lugones habría estado al tanto de las decisiones relacionadas con HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, dado que —según su versión— los asuntos relevantes eran reportados al titular de la cartera sanitaria. La ex directora del INAME sostuvo que, cuando recibió a comienzos de enero los resultados de una inspección, se los remitió a Bisio. Según su declaración, su jefa le dijo que había consultado el tema con Lugones y que el ministro había respondido que avanzaran, aunque "con cautela".
Ahora esa versión deberá ser contrastada con el resto de las pruebas. Uno de los chats incorporados a la causa resulta particularmente comprometedor para la investigación. Una técnica del organismo consultó qué debía responder frente a la situación de los lotes producidos por Laboratorios Ramallo. La respuesta inicial fue verificar si estaban identificados los lotes que no podían comercializarse. La técnica contestó que eran "todos" los elaborados en el laboratorio. Fue entonces cuando Mantecón Fumadó respondió:"Es un montón de guita que está en la calle".
Para la Fiscalía, ese intercambio resulta revelador. Según la acusación, la preocupación de la entonces funcionaria habría estado centrada en el impacto económico que tendría retirar los medicamentos del mercado antes que en la protección de los pacientes. La respuesta de la técnica, además, habría sido contundente: "Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta". Y Mantecón contestó: "Sí, lo sé". Ese diálogo es ahora una de las piezas que deberá analizar el juez Kreplak para determinar qué nivel de responsabilidad tuvo cada funcionario en la cadena de decisiones.
Durante las indagatorias, las dos exfuncionarias adoptaron estrategias diferentes. Bisio no respondió preguntas, brindó un testimonio breve y anticipó que presentaría un escrito. Mantecón Fumadó, en cambio, "se remitió a un escrito ya presentado" y respondió las preguntas de los investigadores "largo y tendido". Ahora el juez Kreplak y la fiscal Laura Roteta deberán analizar el contenido de ambas declaraciones junto con los chats, informes técnicos, inspecciones y demás documentación incorporada al expediente. El caso ya tiene detenido a Ariel García Furfaro, señalado como dueño de HLB Pharma, el laboratorio que produjo el fentanilo contaminado.
También hay otros directivos, técnicos, operarios y empresarios vinculados a las compañías investigados por su presunta responsabilidad en la producción, distribución y falta de control de los lotes adulterados. Pero la incorporación de las exfuncionarias a la causa modificó el eje del expediente: ya no se trata solamente de determinar quién fabricó y distribuyó el fentanilo contaminado, sino también de establecer por qué los organismos encargados de impedirlo no lograron hacerlo a tiempo. Bisio y Mantecón Fumadó recuperaron la libertad, pero el escándalo está lejos de haber terminado. La investigación deberá establecer si existió una cadena de omisiones, decisiones tardías o tolerancia institucional que permitió que laboratorios con antecedentes de incumplimientos continuaran produciendo medicamentos.