Si bien el nombre del partido político es La Libertad Avanza, lejos está de proclamar lo que significaban esas palabras. Esta semana, el gobierno de Javier Milei dio un paso más en la ampliación del poder represivo del Estado: mediante el Decreto 383/2025, el Ejecutivo aprobó el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), con la firma del presidente, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Presentada como parte de un proceso de "modernización institucional", la reforma revela en sus puntos centrales un preocupante avance sobre las garantías individuales y una fuerte concentración de poder en las fuerzas de seguridad.
Las cinco claves del nuevo estatuto de la PFA:
- Ciberpatrullaje sin control judicial. La Policía podrá monitorear redes sociales sin necesidad de una orden judicial previa.
- Requisas arbitrarias. Se habilitan inspecciones personales y de vehículos sin intervención judicial.
- Inteligencia criminal "proactiva". La fuerza podrá realizar investigaciones preventivas basadas en información e inteligencia, bajo directrices del Ministerio de Seguridad.
- Rediseño interno. Se modifican los escalafones y se reduce progresivamente el ingreso de suboficiales.
- Uso espontáneo de la fuerza. Se autoriza la intervención directa "de manera espontánea" ante delitos flagrantes, a requerimiento del Ministerio.
Además, el estatuto implementa un nuevo sistema de ingreso a la PFA, dirigido a graduados universitarios, tomando como modelo formativo los métodos del FBI. Según explicaron desde el Gobierno, el objetivo es que la Policía Federal concentre su accionar en delitos federales complejos —como narcotráfico, ciberdelitos y crimen organizado—, desentendiéndose de su participación cotidiana en la seguridad urbana, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En paralelo, se crea el Programa Presupuestario "Modernización de la Policía Federal Argentina", bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, financiado en parte por la reducción del ingreso de nuevos suboficiales.
Es así que se puede afirmar que Bullrich está de fiesta: el nuevo estatuto amplía significativamente las facultades que ya concentra la ministra. El decreto le otorga poder para exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores, convocar a personal retirado y reorganizar los escalafones internos.
Pero el punto más alarmante es la autorización expresa a la Policía para hacer uso de la fuerza —incluido el uso ostensivo de armas— en cumplimiento de sus funciones, sin hacer referencia a los límites impuestos por las normas internacionales o los principios constitucionales, como el de proporcionalidad ante amenazas reales e inminentes.
En su rol de ejecutora de la "seguridad nacional", la PFA podrá "colaborar en el mantenimiento del orden público y de la seguridad de manera espontánea" ante delitos flagrantes, a requerimiento del Ministerio de Seguridad Nacional o de otras autoridades competentes. Esto significa que la Policía podrá intervenir con sus nuevas atribuciones incluso en casos de supuesta flagrancia, o directamente por orden del Ejecutivo; para ello, se la habilita a realizar tareas de inteligencia criminal, reunir, sistematizar y analizar información sobre actividades delictivas o potenciales amenazas, así como a efectuar análisis de políticas de seguridad y operativos policiales, sin ajustarse a lo dispuesto por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
Este decreto no es un hecho aislado, sino parte de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno nacional que expanden sin límites las facultades de las fuerzas de seguridad, eliminan controles y debilitan los mecanismos de rendición de cuentas. Los efectos ya se dejan ver: aumentan los casos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión de protestas sociales.
Es en este contexto que mientras un pueblo se alza ante la motosierra de Javier Milei, sus séquitos lanzan nuevos documentos que autorizan a las fuerzas a ir contra los ciudadanos y acallar sus voces de protesta.