La tensión política y sindical en Argentina escaló a un nuevo nivel con el anuncio de la Confederación General del Trabajo (CGT) de judicializar la reforma laboral promovida por el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei. Sin muchas más vueltas, la central obrera llevará el proyecto ante los tribunales pero no sólo eso sino que anunció una movilización masiva hacia Plaza Lavalle, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, para visibilizar su rechazo.
El conflicto se centra en la denominada Ley de Modernización Laboral, una iniciativa que pone en riesgo derechos fundamentales de los y las trabajadoras. La reforma, que podría ser aprobada este viernes en el Senado, ha generado divisiones profundas en el ámbito político y sindical. Ante este escenario, la CGT decidió priorizar la vía judicial como estrategia principal, descartando por ahora un nuevo paro nacional.
Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, fue claro al explicar los pasos a seguir. "Hemos hecho todos los esfuerzos necesarios. Le comentamos a todas nuestras organizaciones que teníamos por delante un largo trecho, el que recorrimos. Hablamos con más de 16 gobernadores, con más de 40 senadores, con más de 50 diputados para convencerlos y hacerles ver lo nocivo que es este proyecto. A la luz de los resultados parece que no ha alcanzado y las coincidencias que alguno de ellos tuvieron pero no las mantuvieron en el debate", expresó con visible frustración.
La decisión de la CGT se tomó tras un extenso debate interno en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Allí se definió avanzar con un recurso de inconstitucionalidad que será presentado el próximo lunes. La acción legal estará acompañada por una movilización sindical hacia los tribunales ubicados frente a Plaza Lavalle. Según Sola, la medida busca "sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial en la que viene trabajando la CGT con todo lo que creemos inconstitucional".
El eje del conflicto radica en varios puntos del proyecto lesivo para los derechos de la clase obrera. Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran las modificaciones que afectarían la representación gremial y las garantías laborales históricamente conquistadas. "La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial en la que viene trabajando la CGT... Lo haremos el lunes con una movilización hacia Plaza Lavalle de la Confederación General del Trabajo para que intervenga la inconstitucionalidad de la ley", subrayó Sola.
Con esta decisión, la CGT también marcó distancia aunque complementa al paro de 36 horas convocado por el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), el sector más combativo del sindicalismo que optó por una estrategia diferente para enfrentar al Gobierno de Javier Milei y su motosierra.
Así las cosas, queda claro que el conflicto está lejos de resolverse. La judicialización y movilización anunciadas por la CGT son apenas el inicio de una lucha que promete escalar en los próximos días. Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en Plaza Lavalle, donde se librará una nueva batalla por el futuro de la clase obrera argentina.