El intento del Gobierno Nacional de avanzar con una modificatoria de la Ley de Glaciares sumó un traspié político clave: no logró el apoyo del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el ámbito donde confluyen las autoridades ambientales de todas las provincias. En la reunión del organismo, los representantes provinciales debatieron la iniciativa que el oficialismo prevé tratar este jueves en el Senado. El resultado dejó en evidencia la falta de consenso federal: entre votos negativos, abstenciones y ausencias, la propuesta no obtuvo el respaldo necesario. El rechazo no fue menor. El COFEMA funciona como espacio de articulación ambiental entre Nación y provincias, por lo que la falta de apoyo deja al Gobierno sin una foto de consenso en un tema sensible como la protección de glaciares y reservas hídricas.
Desde la Provincia de Buenos Aires, la postura fue abiertamente contraria. En representación bonaerense, la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro, sostuvo que "en términos jurídicos, este proyecto de ley es incompatible con el principio de no regresividad ambiental que está manifiesto en el Acuerdo de Escazú, un acuerdo internacional que nuestro país acompaña y avala. También vulnera el espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional". La funcionaria agregó que "esta discusión se da en un escenario internacional de crisis climática, donde organismos como la ONU vienen alertando sobre el ritmo alarmante de retroceso de los glaciares".
El concepto de "no regresividad" implica que las normas ambientales no pueden retroceder en los niveles de protección ya alcanzados. Para las provincias que rechazaron la iniciativa, la reforma implicaría justamente eso: una flexibilización. La ministra de Ambiente bonaerense reforzó esa línea argumental al señalar que "la protección de los glaciares constituye una política estratégica para la preservación de los bienes comunes naturales y el acceso al agua, y que cualquier modificación normativa debe garantizar estándares ambientales más altos y no retroceder en los ya alcanzados".
Y fue más contundente al advertir: "Argentina tiene la segunda reserva de agua dulce más grande de Latinoamérica, no podemos permitir esta flexibilización ambiental para que las empresas extranjeras la destruyan". El trasfondo del debate remite a la tensión histórica entre explotación de recursos -particularmente minería en zonas cordilleranas- y preservación de ecosistemas estratégicos. Los glaciares no solo son reservas de agua dulce, sino reguladores climáticos naturales.
La falta de apoyo en el COFEMA deja al Gobierno ante un escenario incómodo: avanzar en el Senado sin el aval de las provincias en materia ambiental supone asumir el costo político de una reforma que ya nace cuestionada. Desde Buenos Aires señalaron que impulsaron la postura en contra de la modificatoria y, junto a otras provincias, promovieron la invitación a organizaciones ambientales y técnicos del IANIGLA a la discusión, buscando ampliar el debate técnico y científico.
El mensaje que dejó la reunión es el de una reforma que no es un trámite administrativo, sino un punto de conflicto federal. En plena crisis climática global y con advertencias internacionales sobre el retroceso de glaciares, la iniciativa oficial enfrenta algo más que diferencias políticas: pone en juego el modelo de desarrollo y el alcance real de la protección ambiental en la Argentina. El Senado tendrá la última palabra. Pero el primer round ya mostró un dato contundente: el Gobierno no consiguió el respaldo de las provincias para tocar una de las leyes ambientales más emblemáticas del país.