La escena fue tan breve como contundente. Un grupo de activistas de Greenpeace saltó la reja del Congreso de la Nación y se sentó en las escalinatas del Palacio Legislativo con una consigna que no dejó lugar a matices: "Senadores: no se caguen en el agua". Minutos después, al menos 12 personas estaban detenidas. La protesta ocurrió en la antesala de una sesión clave en el Senado, prevista para las 11, donde el oficialismo busca aprobar la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La reforma, impulsada por La Libertad Avanza, redefine el alcance de las áreas protegidas y otorga mayor potestad a las provincias para habilitar actividades extractivas. La respuesta fue inmediata. Uniformados de la Policía Federal avanzaron sobre los manifestantes y los aprehendieron en cuestión de minutos. En medio del operativo, también fue detenido un camarógrafo del canal A24. Las imágenes lo muestran herido mientras era trasladado.
Desde el estudio, el periodista y conductor Antonio Laje reaccionó con indignación: "Es inentendible e increíble". El trasfondo del conflicto es profundo. El Gobierno adelantó que redefinirá la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminería y los hidrocarburos. El eje central de la discusión es el criterio de "aporte hídrico relevante y comprobable", que reemplazaría la definición actual de áreas periglaciares, consideradas hoy reservas estratégicas de agua dulce.
La ley vigente prohíbe toda actividad minera en glaciares y en su entorno periglacial. La reforma, en cambio, introduce un filtro: solo quedarían blindadas aquellas zonas que demuestren una función hídrica efectiva y estratégica. Según el oficialismo, la normativa actual genera "inseguridad jurídica y parálisis de inversiones". Con la modificación, aseguran, se brindarán "certezas técnicas" para compatibilizar desarrollo económico y protección ambiental.
El nuevo texto hace hincapié en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. De aprobarse, serán las jurisdicciones las que definan si un área es reserva de agua dulce y las que tendrán la potestad de aprobar estudios de impacto ambiental presentados por empresas mineras. Desde el sector empresarial sostienen que la legislación vigente implica, en los hechos, una prohibición casi total para nuevos emprendimientos.
El Gobierno apuesta a que la flexibilización habilite inversiones significativas, especialmente en cobre y litio, en provincias como San Juan, Catamarca y Jujuy. Para Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas, el proyecto es una amenaza directa a las fuentes de agua en territorios de alta montaña. "La iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones", señalaron.
Y fueron más allá: "La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa".
En el Senado, el bloque justicialista, encabezado por José Mayans, mantiene una posición crítica y advierte que la modificación podría dejar sin efecto la prohibición de actividades que afecten la condición natural de glaciares y cuencas hídricas. Sin embargo, la presión interna es evidente: legisladores de provincias mineras enfrentan la disyuntiva entre desarrollo productivo y resguardo ambiental.
En paralelo, el diputado Eduardo Valdés presentó un "contraproyecto" que busca fortalecer la protección vigente, restringir la actividad minera e industrial en zonas de glaciares y actualizar periódicamente el Inventario Nacional de Glaciares bajo supervisión científica. Mientras el debate se desarrolla en el recinto, la calle ya marcó su posición. La protesta duró apenas minutos y dejó activistas esposados en defensa del agua y un trabajador de prensa herido en medio de un operativo que, para muchos, por no decir todos resultó desproporcionado. El oficialismo insiste en que la reforma permitirá atraer inversiones y dinamizar economías regionales. Sus detractores alertan que se está negociando un recurso vital en un contexto de crisis climática -la cual el presidente Javier Milei niega- y escasez hídrica creciente.