A finales de 2025, un incendio en la Unidad Penitenciaria de Bouwer dejó una marca imborrable en las familias de Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, y María Flavia Ramallo, de 33. Ambas mujeres, en situación de encierro, fallecieron trágicamente en una celda de aislamiento durante la madrugada del 20 de diciembre.
A casi dos meses del hecho, las familias de las víctimas se movilizan para exigir justicia y esclarecer lo sucedido. El pedido de justicia resonó con fuerza este martes 24 de fenrero, cuando Valeria Soledad Romero, madre de Agostina, presentó un pedido formal para ser querellante en la causa.
"Queremos saber qué pasó realmente y que se haga justicia", reclamó. La familia busca respuestas claras y contundentes sobre las condiciones que llevaron a esta tragedia. Según la querella, Agostina estaba bajo custodia del Estado provincial sin condena firme y había sido trasladada a Bouwer para estar más cerca de su familia durante las fiestas.
Sin embargo, las condiciones de detención en la celda de aislamiento eran mínimamente peligrosas: colchones inflamables, un encendedor y matafuegos que aparentemente no funcionaban.
Además, los familiares denuncian que hubo una demora en la apertura de las puertas por parte de los guardias penitenciarios y algunos testimonios previos explicaron que algunas detenidas fueron evacuadas antes que las víctimas, lo que generó sospechas sobre un posible abandono de persona o incluso homicidio agravado por abuso de función. "Hubo pedidos de auxilio", señalaron allegados a las víctimas, exigiendo que se investigue a fondo el accionar del penal.
La investigación avanza en los tribunales provinciales, mientras la querella solicita medidas clave para reconstruir lo que pasó esa noche como por ejemplo la revisión de protocolos contra incendios, registros de mantenimiento de equipos de emergencia, imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, internas y personal médico.
"La vida de Guadalupe estaba bajo responsabilidad del Estado. Ingresó con vida y salió sin vida. El Estado tenía el deber jurídico de garante sobre su integridad", afirmó la representación legal de la familia Pedraza a Info Toledo.
Así las cosas, las familias de Agostina Guadalupe Pedraza y María Flavia Ramallo exigen una investigación exhaustiva que determine responsabilidades. La lucha por justicia continúa.